COMO si se tratase de una macabra coincidencia, el mismo día que se da a conocer el nuevo récord de los datos de desempleo en Navarra de enero (50.149) se publica en el BON la nueva Ley de Inclusión Social. Esta ley, que nace desde el disenso social y político y supone uno de los más graves retrocesos en cuanto a derechos sociales, se presenta en sociedad como una herramienta de lucha contra la exclusión social, curioso. En la exposición de motivos se señala que:

"Gran parte de los nuevos perceptores de la renta básica acceden a la prestación no por encontrarse en situación de exclusión social, sino porque han perdido su empleo y agotado las prestaciones y subsidios por desempleo. A estas personas, que coyunturalmente perciben la prestación de renta básica y que en ningún caso se les puede considerar como excluidas sociales, hay que dotarlas de instrumentos adecuados diferentes a los utilizados en la inclusión social, con la finalidad de que obtengan lo que realmente demandan, que no es otra cosa que la reinserción laboral o una mejora del empleo, no estando, por tanto, incluida su situación en el ámbito de aplicación de esta ley foral".

Y es después de leer esto cuando nos preguntamos entonces, ¿qué tipo de ayuda van a proporcionar a estas personas coyunturales?, ¿un empleo?, ¿o deben convertirse en excluidas para poder optar a cubrir su necesidades básicas?

Esperamos impacientes a los decretos forales que regularán las ayudas destinadas a este colectivo, y aún con más impaciencia esperamos las propuestas para todas aquellas que van a quedar excluidas por definición, sin recursos, ya no por ser coyunturales, sino por encontrarse en situación irregular, para ellas, la condición de extranjeras es la primera causa excluyente.

Desde la Plataforma para la Defensa de la Renta Básica hemos pasado de la indignación a la profunda preocupación por todas estas personas excluidas del sistema, y nos preguntamos de nuevo, ¿cómo van a hacer frente a esta exclusión provocada desde el propio Gobierno? Nos gustaría conocer qué criterios se han seguido para decidir que, en el actual contexto de crisis económica, la respuesta más adecuada es excluir a una parte de los colectivos más vulnerables y convertir en vulnerables a otra parte. Entendemos que la visión economicista ha sido la única que ha guiado sus pasos, por lo que nos gustaría recordarles algunos conceptos como "justicia social, reparto, solidaridad, sostenibilidad, respeto y dignidad", estos y no otros deberían ser la base a partir de la cual se diseñasen las políticas sociales.

Creemos que una sociedad sostenible es aquella en la que el mayor número de personas puede desarrollarse de la manera más digna, no aquella que da mayores beneficios económicos, entendemos que la sostenibilidad va más allá de las cifras de déficit que pueden variar a merced de los mercados, y precisamente por eso creemos que la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales, proclamaba "el acceso de la ciudadanía navarra a una renta básica a fin de que pueda disfrutar plenamente de todos sus derechos".

No se trata de repartir la pobreza ni de redefinir el concepto de excluido/a, sino de repartir e impedir que más ciudadanas y ciudadanos caigan en la exclusión social.

Javier Urroz Domínguez, Beatriz Villahizán Lagunas

Plataforma por la Defensa del Derecho a la Renta Básica