Una ley medioambiental pionera y de lo más avanzada a nivel europeo -la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad-, aprobada el pasado 6 de junio de 2018, ha sido recurrida por el Gobierno de Madrid. Y eso que a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, experta medioambiental, le había gustado mucho, tal como lo manifestó en su día.

Las explicaciones realizadas para plantear un recurso de inconstitucionalidad por la Administración del Estado dan risa, si no estuviéramos hablando de una cuestión muy seria, ya que se trata de un atentado en toda regla al autogobierno.

Que una administración como la navarra, cuyo Parlamento aprobó la citada ley, después de un proceso de participación social -ejemplar, transparente y muy amplio-, a la que se le hicieron 395 aportaciones o sugerencias de 76 entidades o particulares, antes de su tramitación en el propio Parlamento, es un indicador de lo que estamos hablando.

Llama la atención de que por parte del Ejecutivo de Madrid se venga a decir que la ley navarra se ha adelantado en fechas a la Administración del Estado a la hora de plantearse las medidas para la reducción de las bolsas de plástico. Concretamente, la Ley Foral de Residuos lo que hace es ajustarse a las directivas europeas al prohibir todas las bolsas de plástico en 2020 salvo las compostables, y el decreto estatal marca el año 2021 y permite las bolsas pequeñas (50% reciclables).

Pero es que, en medio ambiente, y también en otras materias, aunque me refiero a esta disciplina, ya que toda mi trayectoria profesional ha estado ligada a ella, bienvenida sea la innovación, la prevención y la anticipación. Y más en la problemática de los plásticos, que cada día que pasa está más de actualidad, ya que están contaminándolo todo. Mientras las bolsas de basura no sean prohibidas y eliminadas, suponen un grave problema para el medio ambiente. Solo el 30% de ellas se deposita en los contenedores amarillos para su reciclaje y, por sí solas, tardan hasta 500 años en descomponerse. Además, tienden a dispersarse como basura transportada por el aire y cuando se fragmentan son ingeridas por gran cantidad de animales.

En diversos artículos que he escrito y que han sido publicados en este diario, he comentado los aspectos tan positivos que tiene la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad. Uno de ellos, la importancia que se le da a la prevención, con la creación de una oficina específica de prevención de residuos, que es la principal vía de actuación para avanzar hacia la minimización en la generación de residuos. Generar menos residuos implica producir menos bienes superfluos, recoger y tratar menos residuos, descontaminar menos, etcétera.

Otro aspecto interesante de la ley es que contempla el pago por generación, que permite trasladar así el principio de “quien contamina paga” a la tasa de residuos y premiar a aquellos ciudadanos y ciudadanas y comercios que hacen un esfuerzo por reducir sus residuos y separarlos correctamente.

La nueva ley foral tiene más aspectos positivos, que no voy a seguir para no alargar el artículo. Sin duda, nos encontramos con una ley que es pionera a nivel del conjunto del Estado español, y que sitúa a Navarra en una situación histórica de seguir avanzando en una gestión sostenible de los residuos. Pero, en esta ocasión, nos hemos encontrado, al igual que en otras, con una visión centralista, que esperemos que se resuelva.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente