os trabajadores de Siemens Gamesa en Aoiz aprobaron ayer de forma mayoritaria el acuerdo alcanzado por la parte social con la compañía para limitar el impacto del cierre de la planta. Una clausura que desde el mismo anuncio por parte de la empresa tenía visos de irreversible al aducir la falta de competitividad del centro de montaje de palas eólicas en el marco de unas pérdidas del consorcio de 805 millones de euros entre octubre de 2019 y junio del vigente ejercicio. Consumado a efectos prácticos el mal mayor, la plantilla ha optado por la única salida posible de minimizar los terribles efectos personales y familiares mediante un plan de prejubilaciones para los mayores de 54 años, una indemnización por despido de 45 días por año trabajado frente a los 20 días fijados por ley -con un mínimo de 30.000 euros- y una promesa de 88 recolocaciones para reducir las salidas de la compañía a 150. Medidas paliativas de un drama que se extiende a toda esa zona geográfica, seriamente afectada ante la despoblación por la falta de oportunidades, y que evidencia en toda su crudeza como en el reciente caso de Nissan que las multinacionales carecen de cualquier contrapeso en la Administración pese a las subvenciones recibidas. De hecho, el Gobierno foral acompañó desde el primer momento al comité de empresa y planteó alternativas con la colaboración del Ejecutivo central, pero Siemens Gamesa renunció a cualquier interlocución de esa índole, en una actitud calificada de "deshonesta" por la presidenta Chivite, que además ha hecho pública la exigencia de devolución de dos millones en concepto de ayudas. Cerrada esta negociación basada estrictamente en el precio del despido -porque Siemens Gamesa nunca tuvo voluntad de mantener la planta en Aoiz-, solo cabe constatar la trascendencia de que los centros de decisión industriales se encuentren en Navarra y, en caso contrario, de establecer en el momento de la implantación compromisos suficientes como para que no concurran deslocalizaciones discrecionales y además en ausencia de explicaciones de fuste. Bien entendido que todas las inversiones serán bienvenidas en un contexto de máxima competitividad entre autonomías y estados, sobremanera las de mayor valor añadido, pero que el tejido empresarial propio es el que garantiza la sostenibilidad del empleo y, así, de la tributación y del consumo.