Pérez Royo y los ERE de la Junta

Este eminente jurista publica un artículo que todo demócrata debería leer dada la trascendencia y consecuencias que de ello se derivarán. Analiza la sentencia del Supremo sobre los ERE de la Junta de Andalucía que condena a fuertes penas a los expresidentes Chaves y Griñán, aunque está pendiente de publicarse la sentencia para un estudio más fundado. El artículo desarrolla desde un punto de vista estrictamente jurídico el fallo a la luz de los principios de derecho, y llega a la conclusión de que la condena a Chaves por prevaricación es disparatada. No merece la pena entrar en la casuística compleja de los argumentos jurídicos porque se tiene el riesgo de perderse entre ellos y olvidarse de lo sustancial que es el juicio a los magistrados del Tribunal Provincial de Sevilla y a los tres que avalan la sentencia del TS. El resumen es que el delito de prevaricación es imposible que lo cometa el presidente de una comunidad autónoma o del Gobierno central porque no tiene entre sus competencias las que le corresponden al Consejo de Gobierno. El Proyecto de Ley de Presupuestos puede ser bueno o malo, o inconstitucional, pero no delictivo. Solo podrá cometer prevaricación la autoridad administrativa, pero no el presidente. Considera que esta condena por prevaricación es una aberración incalificable e inaceptable en el mundo del derecho. Por tanto, solo puede ser consecuencia de una persecución política que prescinde “a sabiendas” de la Constitución y del Estatuto. O de “ignorancia inexcusable” en el ejercicio jurisdiccional. (Royo dixit). En este caso el único delito de prevaricación sería el de los tres magistrados del Provincial y previsiblemente de los tres del TS. Por eso el mensaje de Royo a Chaves es que en el momento de recibir la sentencia anuncie la interposición de una querella por presunta prevaricación contra los tres magistrados del Provincial y los del TS. Que en la propia sentencia están las pruebas del delito. Con el mandato caducado hace cuatro años.