Las vistas celebradas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las cuestiones planteadas sobre la Ley de Amnistía han mostrado un alineamiento argumental del representante legal de la Comisión Europea (CE) con el lenguaje y relato del Partido Popular (PP) cuanto menos significativo. No sorprendería que su argumentación llegara a conclusiones similares a la que opone el PP a la norma si la calidad de las mismas se limitara al ambito del derecho. Sencillamente, el PP podría tener razón técnica y las conclusiones de ambos serían razonablemente coincidentes. Lo sorprendente es el hecho de que el discurso del abogado de la CE Carlos Urraca Caviedes se entregue a naturaleza política ajena al derecho. Dos ámbitos sobre la Ley de Amnistía se analizan en el TJUE. El primero, a instancias del Tribunal de Cuentas, pide interpretar si la norma impacta en términos económicos en perjuicio de la Unión Europea en caso de responsabilidad contable en el uso de fondos públicos. Las respuestas del jurista de la Comisión es que no existe indicio de que así sea. Aquí debería terminar su aportación, pero a continuación vierte un raudal de consideraciones que hacen suyo el relato del PP de que la ley es una “autoamnistía” por delegación; es decir, no beneficia al Gobierno pero sí a un socio de investidura, además de cuestionar el interés general. Decidir qué es o no de interés general no compete al abogado de la Comisión. Menos aún interpretar que una medida para reconducir hacia soluciones democráticas una crisis interna social y política en un Estado miembro cuestiona “los valores” de la UE. Los valores de la UE no son propiedad de una lectura ideológica sino que se sustancian en su estructura jurídica, en la letra de su cuerpo legal. La opinión del abogado, no sostenida en ella, es mero juicio de valor. Igualmente, el segundo aspecto, –la afectación a delitos de terrorismo– anima al letrado –y al PP– a afirmar que su tratamiento es un trágala por indeterminado. Urraca se arroga la cualidad de valorarlo contra el principio de que corresponde a los tribunales nacionales decidir si los criterios de una norma son demasiado vagos. Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado a favor de la ley. El TJUE deberá desechar el pronunciamiento político del abogado para no contaminar la calidad de su decisión.