La situación de la justicia española es desoladora. La frase, rotundamente descriptiva, corresponde al presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, responde fielmente a una realidad palpable y de la máxima gravedad. Lesmes, que al menos por su alta responsabilidad es una de las voces más autorizadas en la materia, abrirá hoy el Año Judicial en el Estado en un contexto de gran tensión y crisis institucional abierta en el seno de la justicia española y sin visos de una solución a corto y medio plazo. El Poder Judicial , órgano de gobierno de jueces y magistrados, sufre desde hace casi cuatro años una anormal e irregular situación de interinidad y bloqueo ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los grandes partidos, PSOE y PP, para su renovación. La interinidad instalada en el seno del CGPJ es inaudita y además está impidiendo a su vez la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que añade aún mayor gravedad. En este contexto, se están produciendo maniobras en el seno del propio Poder Judicial, mediante las que los vocales conservadores pretenden torpedear la elección de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden a este órgano, tal y como fija la reforma legal exprés aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez precisamente para romper este bloqueo. El pleno del Consejo convocado para mañana se prevé, por ello, convulso. Es imposible sustraerse a las abrumadoras constataciones de que estamos ante una impúdica exhibición de maniobras de carácter político entre PSOE y PP y sus correspondientes extensiones dentro de los órganos de la justicia para controlar o, en su defecto, impedir el control del adversario de estas altas instituciones, cuyo buen funcionamiento es fundamental en un estado de derecho. Las mutuas acusaciones entre socialistas y populares, bien de boicot o bien de chantaje sobre los miembros del CGPJ y su presidente son, en este sentido, reveladoras. Este proceder amenaza con sobrepasar los límites razonables del debate y la confrontación política, que tiene su ámbito y sus cauces. El corolario a la situación “desoladora” de la justicia que describe Lesmes es el ahondamiento en el extraordinario descrédito que ya padece. PSOE y PP están obligados a alcanzar un acuerdo no solo para renovar el Poder Judicial y el TC, sino para despolitizar, respetar y dignificar la justicia.