Es la palabra que te trae a la cabeza el relato del ex consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Ayuso en Madrid, Alberto Reyero, sobre lo ocurrido durante las primeras semanas de la pandemia en las residencias de mayores. En una entrevista este lunes con el periodista Aimar Bretos en Hora 25 de la Ser, Reyero describe con toda la crudeza una realidad que condenó a miles de personas mayores a la muerte. “El simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas te excluía para ir a un hospital, es algo gravísimo”, denuncia. Reyero, cuyas críticas a la gestión de los responsables de la Sanidad madrileña y a la propia Ayuso de la pandemia del coronavirus en las residencias de personas mayores le costó el puesto, publica ahora Morirán de forma indigna, un relato de la intrahistoria de cómo se tomaron aquellas inhumanas e indignas decisiones. Una especie de descargo de conciencia de quien asume su parte de responsabilidad como miembro del Gobierno de Ayuso en aquel momento que cuenta con el prólogo del periodista Manuel Rico, director de investigación del medio digital infoLibre que lleva dos años denunciando lo ocurrido en aquellos meses en las residencias de Madrid. Merecerá la pena leer tanto el libro de Reyero como el prólogo de Rico. La historia de una discriminación de derechos civiles, en este caso el derecho a la atención sanitaria especializada, dejándoles abandonados a la suerte de una muerte segura y terminar su vida como simples números en la negra estadística de fallecimientos por la covid-19 en las residencias. Una eutanasia colectiva planificada por el simple hecho de ser personas mayores. Lo que ya se conoce como el Protocolo de la Vergüenza, el documento que recogía los requisitos para poder ser derivados desde las residencias a los hospitales a las personas que lo necesitaran. Unas condiciones de traslado e ingreso que suponían de hecho excluir a personas que tuvieran no solo covid-19, sino cualquier otra dolencia que tuviera un nivel de dependencia del dos o del tres, esto es la imposibilidad de que las residencias derivaran a hospitales a personas que lo necesitaban. Así, si necesitabas una silla de ruedas o tenías, por ejemplo, síndrome de down eras excluído por el protocolo de atención sanitaria aprobado por el Gobierno de Madrid. Pese las pruebas que apuntan a importantes responsabilidades con consecuencias legales, la justicia parece dispuesta a mirar para otro lado y dar carpetazo al asunto. De nuevo, la justicia no es igual para todas y todos. Pese a las informaciones periodísticas dando cuenta de los documentos, de los hechos y de las terribles consecuencias y a las denuncias presentadas por familiares de los mayores fallecidos, los pocos casos que han llegado a los juzgados han sido archivados por falta de datos y la Fiscalía ni está ni parece que se le espere. Porque lo importante en esa distopía que está construyendo el PP de Ayuso con la ultraderecha en Madrid es la libertad de tomar cañas. Las personas mayores enfermas son prescindibles en ese mundo.