De nuevo, ha sido una semana política en la que la algarabía mediática, la corrupción, el descrédito judicial y la política del insulto han copado la actualidad. Sobre todo, la actualidad que se diseña y marca desde Madrid. El Pleno del Congreso aprobó el jueves con una amplia mayoría de votos la reforma de los delitos de malversación y sedición y también el sistema de elección de los jueces después de que fracasara el primer intento del PP de impedirlo apelando a un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional. No sé si hablar de golpe judicial contra el poder legislativo del Congreso es una exageración o no, pero se parece mucho a lo que estuvo a punto de ocurrir el jueves y aún puede suceder mañana lunes. Si se lleva finalmente a cabo aprovechando el voto de dos magistrados del Constitucional con su tiempo ya caducado, pero aferrados ilegítimamente al sillón como si no hubiera un mañana, el último resquicio de la separación de poderes en la decadente democracia española desaparecería y la deriva hacia el autoritarismo sería completa. En realidad, el golpe judicial no comienza este jueves, lleva activo desde hace más de cuatro años con magistrados con el mandato caducado negándose a ser sustituidos y con el control previo de todos los altos organismos del poder judicial –Constitucional, Supremo, Poder Judicial y Audiencia Nacional–, con jueces y fiscales afines políticamente al PP. La decisión que pudo tomar el Constitucional el jueves y aplazó a mañana no solo es ilegitima, sino que sería inaudita, muy grave desde el punto de vista antidemocrático y muy posiblemente también ilegal. Es cierto que espectáculos y escenificaciones como los vividos una vez más esta semana en Madrid se han hecho tan habituales que los ciudadanos y ciudadanas ya ni siquiera se inmutan. Pero muestran una devaluación de la política que comienza a rozar límites entre bochornosos e inasumibles. De hecho, han ido a más conforme se ha normalizado y blanqueado las estrategias política y los discursos mediáticos en los que amenazas, insultos y broncas son los principales argumentos. Si no hay golpe de estado como tal, es evidente que hay un golpismo mediático, judicial, político, militar, empresarial y financiero contra la actual mayoría democrática en el Estado. Esa metodología de exagerar la realidad manipulando los hechos y agitando a la opinión pública ha movido la política hacia posiciones extremistas e intransigentes. Estas algaradas forman parte de una estrategia política que lleva meses en marcha en el Estado español y que comienza con el discurso político y parlamentario que expande la idea –también a través de pronunciamientos judiciales de fondo político–, de que el actual Gobierno de Sánchez y sus apoyos, elegido libre y democráticamente, es ilegítimo, primero, y totalitario, después. En realidad, la imposición de que solo ellos pueden gobernar su idea de España. Entienden la democracia, como un accidente y un incordio que sólo tiene valor en cuanto les sirve para perpetuarse en el poder. Si la voluntad democrática no coincide con sus intereses, hay que derrocar a la democracia por activa o por pasiva, un camino donde lo simbólico se impone a los valores, la toxicidad a la verdad y lo individual al bien común. Todo lo contrario a lo que representan las sociedades democráticas libres.