Me deja perplejo que el tema de las mascarillas sin uso en una nave siga dando vueltas por el espacio de la política navarra. El consejero Mikel Irujo, que ni siquiera estaba en el Gobierno en el momento en que se firmó la operación de compra de las mascarillas, fue ayer contundente y avisó a la patronal navarra que si no hay un acuerdo el Gobierno de Navarra deberá recurrir a la vía judicial. Desconozco las razones por las que la CEN rechaza ahora asumir sus responsabilidades y tratar de llegar a un acuerdo con la empresa Albyn, que compró las mascarillas por sus contactos profesionales en China en ese momento, y exige como condición para cualquier salida a las mascarillas que Sodena renuncie a posibles reclamaciones judiciales futuras. Es un compromiso que ni Sodena ni el Gobierno –en aquel acuerdo están implicados tanto la CPEN, como la consejería de Economía y Hacienda e incluso la propia presidenta Chivite que lo defendió en sede parlamentaria–, pueden aceptar a riesgo de que sean esos mismos responsables los que puedan verse luego implicados judicialmente. La obligación del Gobierno en este caso es defender los intereses públicos y buscar un acuerdo de consenso con la CEN y Albyn en función de los mismos. Irujo afirma que Sodena ha presentado ya cinco propuestas y tres alternativas de mediación o arbitraje para buscar ese consenso y todas han sido rechazadas. Lo que el Gobierno no puede aceptar es la renuncia a sus responsabilidades. Exigir ese paso como condición es hacerlo sabiendo que es un imposible. Más aún cuando tanto los informes de la Cámara de Comptos como la comparecencia del propio interventor general de Economía y Hacienda han dejado claro que ni el Gobierno ni Sodena cometieron ilegalidad alguna. En realidad, los hechos son lo más claro de este absurdo caso. Ya lo escribí hace unos cuantos meses. La CEN solicita ayuda al Gobierno de Chivite para surtir de mascarillas a las pymes navarras y poder así reanudar la actividad laboral tras los meses del confinamiento. El Gobierno, a través de la empresa pública Sodena, firma sendos convenios con Salud y la CEN y la empresa Albyn y respaldados por CPEN para garantizar el suministro en un momento de caos y urgencias. Todo fue público. Posteriormente, la CEN incumple sus compromisos de pago con Sodena posiblemente porque hizo unas estimaciones de necesidades de mascarillas que luego no se cumplieron dando origen al stock. O por otras razones. Son Albyn y la CEN quienes se deben poner de acuerdo. Ni Sodena ni el Gobierno tienen otra responsabilidad que no poner obstáculos innecesarios para dar salida a esas mascarillas –si aún sirven–, y defender desde la seguridad jurídica el interés común de Navarra. Creo que todo sigue estando claro en este sainete foral de las mascarillas, que es más una fallida operación política que un hecho relevante para la sociedad navarra. Habrá miles de mascarillas así en otras comunidades, países de la UE y del mundo mundial. Se trataba de responder a una situación crítica sanitaria con miles de muertos cada día y una paralización de la actividad laboral global. Aquí ocupa miles de tediosas horas en el Parlamento. Y aunque ahora todos los que protagonizaron aquella operación parecen haberlo olvidado en ese momento eran imprescindibles. Nada más.