E de espionaje. María José Beaumont es una abogada y activista curtida. Nombrada consejera foral en el Gobierno de Barkos (2015) por su afinidad con la ideología de EH-Bildu. Interior y Justicia, entre sus competencias. Las alarmas saltaron en la cúpula de Interior del Gobierno de M. Rajoy. Indagaron “cosillas” para buscarle las cosquillas. En vano. El Parlamento de Navarra lo considera de “extrema gravedad e impropio de un Estado de Derecho”. Con un punto de candor, quiere que se llegue hasta el fondo de la cuestión y que se depuren responsabilidades. Beaumont se plantea ejercitar acciones legales. Abrumada por los gestos de apoyo, lo asume con realismo: “Es un hecho grave, pero no me sorprende: las cloacas del Estado han existido y siguen existiendo”. Y existirán.
T de Tráfico y Seguridad Vial, competencia que Navarra ejercerá en exclusiva a partir del 1 de julio. Navarra la tenía hasta que Franco se la usurpó. Anuncio regalado por Sánchez a su homóloga socialista Chivite en vísperas de elecciones forales. Como preludio, acuerdos de Miguel Sanz con Aznar (PP) y de Uxue Barkos con Sánchez (PSOE), incumplidos en sus plazos. Como apremio final con fecha, el acuerdo con EH-Bildu, una de las concesiones por el apoyo abertzale a los Presupuestos Generales del Estado. Este desenlace ha provocado celos en unos e indignación en otros. Cada actor busca su medalla. Populares y socialistas son los que más largas han dado al asunto en el último cuarto de siglo. El comodín de la actividad de ETA, recurrente. La organización se disolvió, aunque queden misterios por resolver. Como quedan prebendas en este destino de la Guardia Civil a pesar de la extinción del peligro. El 1 de julio, peldaño histórico en la escalera de transferencias pendientes desde la aprobación de la Constitución. Se pondrá en marcha un cronograma de tareas. Con plazos largos por delante, pasarela del Instituto Armado a la Policía Foral mediante. A esperar. Sin confiar.
