El Defensor del Pueblo denunció hace unos días que dos colegios de Pamplona inflaban las notas de sus alumnos en Bachillerato para que la nota media que obtenían antes del acceso a la Universidad fuese superior. En el informe del defensor, comparaba las notas que otorgan los colegios y las que otorga la EVAU, siendo claramente superiores las del colegio. Bien. Ante esto, el Departamento de Educación, lejos de ponerse la pila y atender no solo este caso sino otros que hacen que estas prácticas vengan siendo vox populi en Navarra y en la calle hace años –muchos colegios hacen de sus notas y de su competitividad su carta de presentación para captar alumnado, especialmente los concertados, que compiten no solo contra la red pública, que acoge mucho más alumnado desfavorecido, sino también contra otros concertados–, se llamó a andana y proclamó que no tiene capacidad para inspeccionar todas las pruebas realizadas por los alumnos y alumnas a lo largo de los años de bachillerato y que además lo impedía una cuestión normativa.
Bien, estamos entonces ante un caso en el que bien se podría decir que, caso de ser cierta la denuncia del Defensor, los colegios –los dos rechazan las acusaciones, por cierto, como cabía esperar– aprovecharían esa incapacidad gubernamental para seguir haciendo su trama sin peligro ninguno. El caso es que ambos colegios obtenían siempre la primera plaza en Bachillerato y según los años caían varias posiciones en la EVAU. No corresponde, no obstante, al Defensor investigar más esto, sino que le corresponde a Educación. Porque, de ser cierto, estamos ante un fraude que perjudica el acceso a la Universidad a alumnos y alumnas en beneficio de otros alumnos y alumnas. Es un tema gravísimo, que pudriría todo el sistema, y que Educación tiene la obligación de buscar cómo encarar para no seguir comprometiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
