Una semana después de la celebración de las elecciones generales, el escenario político aparece aún más endiablado bajo el signo de la incertidumbre y sin que esté descartado un bloqueo que obligue a una indeseable repetición de los comicios. A falta de la oficialización de los resultados finales, el recuento del voto de residentes en el extranjero apunta a que el escrutinio general otorgará al PP un escaño más de los adjudicados el 23-J en detrimento del PSOE por la circunscripción de Madrid, acta que asumiría, además, García Adanero, tránsfuga de UPN al grupo de los populares. Con ello, los bloques en los que se ha constituido la política en el Estado español –el progresista y soberanista sin contar con Junts y el de la derecha sin Coalición Canaria– quedarían en un empate técnico de 171 escaños cada uno. Respaldos a todas luces insuficientes para lograr la investidura tanto de Alberto Núñez Feijóo como de Pedro Sánchez. La rotunda negativa del PNV a respaldar la opción del líder del PP ha frenado en seco las posibilidades de un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, pese a que los populares, espoleados por ese último escaño ganado, insisten en su aspiración y apelan para ello a una abstención del PSOE por una especie de razón de Estado muy cuestionable además de prácticamente imposible. La aritmética lo aguanta todo, pero la política con mayúsculas no debe admitir ni ocurrencias ni ligerezas de regate corto, por respeto a la ciudadanía. La opción más verosímil sigue siendo, pese a su dificultad objetiva, la de una investidura de Sánchez. Para ello, según han adelantado todos los grupos apelados, tiene la obligación de ganarse ese respaldo voto a voto mediante una negociación que tampoco va a ser un camino de rosas. Aunque el relato imperante insiste en que la llave de la gobernabilidad la tiene Carles Puigdemont –ahora con mayor motivo, ya que el escaño que pierde el PSOE precisaría de votos afirmativos y no solo ya la abstención por parte de Junts–, la realidad es que Sánchez necesita a todos y cada uno de los partidos soberanistas, incluidos PNV y EH Bildu, con los que deberá acordar una hoja de ruta para toda la legislatura que puede ser la oportunidad para frenar la recentralización y abordar por fin el modelo de Estado.