El proceso de investidura ha vuelto a situar sobre la agenda política la necesidad de abordar el modelo territorial del Estado, no solo como elemento clave en la búsqueda de soluciones democráticas al conflicto abierto en Catalunya, sino también para reflexionar sobre la interpretación de la Constitución –cuando se van a cumplir 45 años de su aprobación–, en el ámbito de la vertebración plurinacional ante los sucesivos procesos de recentralización que tienen como objetivo devaluar el Estado Autonómico y, sobre todo, la capacidad de autogobierno de los regímenes forales como el de Navarra.

La propuesta del Urkullu de una Convención Constitucional que centre en las Cortes esa reflexión es un ejemplo. No es un tema menor, aunque haya perdido influencia en el debate político en los últimos años. Y menos aún es un tema menor para Navarra. Los sectores más derechistas y centralistas llevan años –en realidad, prácticamente desde la misma aprobación de la Constitución tras el golpe de estado del 23-F y la posterior Loapa–, intentando revertir e incumplir esa misma Carta Magna. Se pretende fosilizar la Constitución en unos límites políticos que, por ejemplo, se han mostrado en la imposibilidad de completar el Amejoramiento con una veintena transferencias acordadas en 1982 y aún pendientes y los constantes recursos ante el Constitucional contra leyes forales aprobadas en el Parlamento de Navarra.

Límites marcados por una interpretación política exclusiva y restrictiva que niega incluso la propia dimensión plurinacional del Estado y hace a ese texto incapaz de resolver las tensiones territoriales, sociales y económicas hoy crecientes. Se ha demostrado ante las demandas de mayor autogobierno, que han sido respondidas con una absoluta cerrazón y el cierre de puertas al diálogo, y ahora incluso con un proceso de involución que proclama con una insistente lluvia fina la reducción, cuando no eliminación, del autogobierno foral. La imposición de ese veto a debatir siquiera una lectura abierta del texto constitucional solo se entiende por el temor a los resortes de la democracia.

El momento político actual debe ser una puerta abierta a la necesidades de estabilizar las instituciones, incentivar el debate público desde parámetros democráticos, impulsar el modelo de desarrollo económico y medioambiental solidario y humanista, recuperar los derechos civiles, políticos, sociales y laborales y afrontar una solución desde el diálogo para el encaje territorial de la plurinacionalidad del Estado. La salvaguarda del Convenio Económico –este nuevo Gobierno de Chivite debe abordar ahora la negociación de su renovación para un nuevo quinquenio–, y la defensa y potenciación de las capacidades del autogobierno foral son fundamentales para reimpulsar el desarrollo social, económico y cultural de Navarra. Sostienen no sólo los restos de la antiguas capacidades políticas de los Fueros, sino todo el ámbito social, desde la sanidad a la educación o las infraestructuras. La uniformización que intenta imponer una imaginaria España centralista lleva años empeñada en impulsar de nuevo la sombra involucionista sobre el desarrollo del autogobierno y la consolidación del Estado plurinacional, y en ese discurso político los derechos históricos de Navarra, la CAV y otras nacionalidades son un objetivo prioritario.