El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra, mayoritario en la Policía Nacional y en la Comunidad Foral, ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno en Navarra solicitando el cese de la comisaria jefa de Policía Judicial de Pamplona. La petición surge tras la condena firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debido a la mala praxis policial en la investigación de una doble agresión sexual con sumisión química ocurrida en 2016 en la capital navarra.
La sentencia del TEDH, definitiva tras la decisión de la Abogacía del Estado de no recurrir, establece la responsabilidad del Estado por graves deficiencias en la investigación. Entre las irregularidades detectadas destaca la desaparición y borrado de pruebas que se encontraban bajo custodia policial, a pesar de existir un requerimiento judicial expreso para su conservación.
Consecuencias institucionales
Según se desprende de la información acreditada, desde una perspectiva de responsabilidad orgánica y de mando, SUP Navarra considera que “la Jefatura de Policía Judicial de Pamplona, como estructura directiva responsable del área donde se produjeron los gravísimos fallos señalados por el TEDH, debe asumir consecuencias institucionales como máxima responsable del área encargada de la investigación de delitos y de la custodia de pruebas bajo mandato judicial. Un cargo que exige el más alto nivel de rigor, ejemplaridad y sometimiento estricto a la legalidad”.
SUP Navarra “no atribuye responsabilidad penal individual alguna, cuya determinación corresponde exclusivamente a los órganos judiciales, sino que exige responsabilidades institucionales y administrativas derivadas de los gravísimos fallos constatados en una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
SUP Navarra considera que la continuidad de la comisaria resulta “incompatible con la confianza pública y la credibilidad institucional. La decisión de no recurrir la sentencia agrava el descrédito institucional y proyecta una imagen dañina para los miles de policías nacionales que desempeñan su labor con profesionalidad”.
Por todo ello, ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior “el cese inmediato e inaplazable de la citada responsable, así como la adopción de medidas disciplinarias necesarias”. El sindicato afirma que no puede guardar silencio “ante este grave episodio” y reclama “una actuación institucional ejemplar y contundente en la Jefatura Superior de Policía de Navarra”.
