El 93% de la representación ciudadana en el Parlamento de Vitoria aprobó ayer la Ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática acreditando el consenso social sobre el derecho a construir mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y combatir la exaltación formal e ideológica de un régimen ilegítimo y criminal. Navarra ya cuenta con su propia Ley de Memoria Histórica y también con una Ley Foral de Símbolos, dos leyes forales que amparan los derechos de las víctimas del franquismo en paralelo al esfuerzo de historiadores e investigadores por enterrar la falsaria historia oficial inventada sobre aquellas terribles semanas y sacar a la luz la historia real de una matanza organizada y planificada para extender el terror a cada rincón de Navarra con más de 3.2000 personas asesinadas y muchas aún hoy desaparecidas. El apoyo a ambas leyes fue igualmente muy mayoritario en el Parlamento de Navarra, aunque no llegó a ese 93% porque, al igual que en la CAV, la derecha siempre se ha opuesto o ha mirado para otro lado cuando se ha tratado de honrar la memoria de las víctimas del franquismo. El debate no es estéril, porque la derecha española se encuentra lanzada a una campaña revisionista de la memoria democrática que pasa por la derogación de las leyes autonómicas que buscan preservar los derechos de las víctimas de la dictadura y la guerra de 1936. Una campaña que ya ha derogado esas normativas autonómicas en Aragón y Cantabria, a las que seguirán Extremadura y Baleares en el marco de los acuerdos de Gobierno PP-Vox. Para justificar que se dé la espalda a un consenso social abrumador, las sucursales locales de la derecha española, como UPN en Navarra, esgrimen la falsa dicotomía con las víctimas de ETA o la innecesidad de remover un pasado, del que en buena medida política e ideológica aún hoy se sigue sintiendo herederos, con el burdo argumento de que se divide a la sociedad. En términos de verdad, justicia y reparación, el discurso es mezquino. Todas las víctimas de todas las violencias tienen derecho a esos principios y las administraciones la obligación de asistirlas en ellos. El reconocimiento colectivo o individualizado de cada una de ellas no va en detrimento de las de otro signo. La manipulación del discurso no oculta más la evidente pretensión de restaurar el muro de silencio que han padecido los perseguidos, asesinados y represaliados por el franquismo.