El PP recupera con un corta y pega y un par de apaños nominales la reiterada propuesta de la ultraderecha española de Vox de intentar ilegalizar a todos aquellos partidos y entidades que no les gustan y plantea ahora, como una simple enmienda añadida a su propuesta para intentar evitar la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso, disolver partidos y grupos que impulsen consultas o referéndums o aprueben declaraciones de independencia.

Cómo tienen que ver Feijóo y el PP de amortizada la polémica social por la amnistía a los dirigentes catalanistas que tiene que echar mano a última hora de este conejo de la chistera para llamar la atención de los medios y de la opinión pública. Un error de calado. No sólo porque esa posible figura de la disolución de partidos –lo que quiera que signifique, porque tampoco aclara en qué se concreta–, adolece de evidentes signos de inconstitucionalidad, sino porque su recorrido en el actual Congreso es ninguno. Un brindis al sol o una patada a seguir para situar la bola en el campo de Sánchez.

Únicamente persigue mantener agitada la confrontación política tratando de trasladarla también al enfrentamiento territorial, porque la propuesta no implica solo a Catalunya, sino que abarca también a partidos y entidades legales presentes en Navarra, la CAV, Galicia o Canarias. Y como en la política nada es casual, tampoco parece una casualidad que el PP haga público este planteamiento el mismo día que se conocían nuevos datos e informaciones sobre los contactos que mantuvo con dirigentes de Junts el pasado mes de agosto para sondear un posible apoyo de los diputados catalanes a la investidura de Feijóo.

En todo caso, la Ley de Amnistía recorre ya sus últimos pasos en el trámite parlamentario y cuando sea aprobada en el Congreso, y si prosperan los recursos de inconstitucionalidad anunciados por PP y Vox pase por el Tribunal Constitucional, el debate político y jurídico quedará definitivamente cerrado y posiblemente el Estado abrirá un nuevo camino en las relaciones políticas con Catalunya. Un escenario del que también se beneficiará en el futuro el PP, ya que la vía del diálogo y la influencia de los catalanistas en la política española volverán a ser factores relevantes. Descalificar ahora por intereses partidistas inmediatos a quien mañana puedes necesitar es otro error del PP de Feijóo.

Es posible que Puigdemont esté de vuelta en Catalunya en primavera y será un actor políticos necesario, también para el PP y para Feijóo. Al tiempo. Más aún cuando, pese al ruido de los últimos meses, la Ley de Amnistía es una iniciativa legítima y su aprobación una decisión legal en manos de un Legislativo que cuenta con una mayoría absoluta en su favor. La propuesta de disolver partidos es solo una ocurrencia más para tratar de tapar la falta de planteamientos eficientes para el presente de la sociedad española, marcar la agenda mediática de la política en Madrid e intentar evitar que la opinión pública conozca y valore las medidas y de los resultados de esas medidas del Gobierno. El PP utiliza e intenta alargar el debate de la amnistía con los mismos objetivos que UPN enarbola los viejos lemas de siempre de Navarra se vende o ahora Pamplona se vende, para minorizar los logros del Gobierno y barrer debajo de las alfombras sus carencias políticas. No hay mucho más.