Alberto Rodríguez, víctima de una decisión judicial imposible de reparar: No me duelen prendas en reconocer que, aunque sin consecuencias tan dañinas, yo también me equivoqué al opinar sobre su caso. En este mismo espacio anoté que, pese a mi simpatía personal hacia usted, entendía que, dado que había sido objeto de una condena en firma, no le quedaba otra que hacer lo que se reclama a cualquier representante público en la misma situación, es decir, dejar el cargo. Ahora ha venido el Tribunal Constitucional a darle la razón. Leo en los titulares que solo “en parte”. Pero resulta que es la parte fundamental del asunto: nunca debieron despojarlo de su condición de diputado. Dejo para otra consideración el hecho de que la decisión la hayan apoyado los siete magistrados progresistas frente a los cuatro conservadores.
