Ayer comenzó el juicio contra dos ex dirigentes de ETA por el asesinato en Errenteria hace 25 años del entonces concejal del PP Manuel Zamarreño Viloria. Un día antes recordaron los 29 años del asesinato del que fuera concejal del PP en Donostia Gregorio Ordóñez. Ambos y otros muchos más fueron asesinatos terroristas de ETA. Nadie en este país duda de lo que es terrorismo y lo que no lo es. Ni lo que fue el terrorismo de ETA, ni el de los GAL, ni el de los grupos de extrema derecha ni el de las operaciones parapoliciales ni las torturas. Ni siquiera las generaciones que no vivieron directamente aquellas décadas de violencias. Que un Estado democrático haya tenido que incluir en una Ley de Amnistía también delitos que se enjuician como terrorismo solo puede deberse a que no fueron tales delitos de terrorismo. Una situación insólita democráticamente.
Relacionadas
Es evidente que en el procés catalán se pudieron cometer delitos de desobediencia e incluso en algunos casos de desórdenes públicos derivados de la aplicación de un estado de excepción encubierto bajo la aplicación del artículo 155 de la Constitución que anuló libertades civiles y derechos democráticos y constitucionales fundamentales. Pero aún así, no hay ninguna actuación que protagonizara hechos que pudieran vincularse ni de lejos siquiera al terrorismo. Lo diga García Castellón o quien sea. Sin embargo, la exageración de las acusaciones y la desproporción de las condenas en muchos casos fue un instrumento del Estado para dar cobertura a la presión policial, judicial, mediática y política contra el movimiento independentista catalán. La Operación Catalunya del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy, ahora de nuevo de plena actualidad, es otro ejemplo palmario y escandaloso. Siempre pruebas forzadas cuando no falsas, instrucciones judicialmente contaminadas a la búsqueda de un objetivo penal y manipulación e intoxicación informativa.
Ocurrió lo mismo o muy similar en el caso de los jóvenes de Altsatsu condenados a altas penas de prisión por una bronca en un bar con dos agentes de la Guardia Civil tras vincular los hechos con el terrorismo pese a que ya era historia. Ni el juicio ni las pruebas pudieron sostener las acusaciones, pero se les condenó igualmente. O similar también a lo que sucediera años antes cuando se aplicaba en la Audiencia Nacional como una norma la estrategia del todo es ETA, un cajón de sastre político-judicial en el que podía caber todo y con un poco de mala suerte casi cualquier persona que no estuviera de acuerdo al 100% con aquel discurso oficial de la lucha contra ETA.
Lo que busca anular la Ley de Amnistía es el uso instrumental de la justicia democrática, de las fuerzas de seguridad y de los medios de comunicación con que se ha banalizado la realidad del drama del terrorismo y de otras violencias que ha sufrido este país por intereses políticos partidistas. Una escenificación casi siempre muy burda legalmente con la que también se falta el respeto a las víctimas del terrorismo. La Ley de Amnistía no busca un perdón por la puerta de atrás a las personas condenadas por terrorismo, pretende evitar que haya de nuevo personas condenadas a altas penas por delitos de terrorismo cuando nunca cometieron un acto terrorista.