Más de una vez me ha venido a la cabeza Yolanda Barcina al oír hablar de Cristina Ibarrola. Ahora que se ha descubierto que se ha montado un despacho propio en las dependencias del grupo regionalista, sin permiso expreso para ello, me he acordado de que en 2003 cinco vecinos de Pamplona presentaron una denuncia en el Área de Urbanismo y Vivienda por las presuntas irregularidades cometidas por la entonces alcaldesa en las obras de ampliación de su ático en 1990.

Convirtió su vivienda en un dúplex tras la anexión de cinco trasteros situados bajo cubierta, que sumaban una superficie de 72 metros cuadrados. También aprovechó para cubrir una terraza de 50 metros cuadrados y se construyó una pequeña piscina. De esta manera, además, consiguió pagar menos impuestos al figurar todo como una sola vivienda. A pesar de que Barcina reconoció que le faltaban algunos permisos “como a otros vecinos” porque según declaró “entonces no conocía la normativa”, abogados y jueces hicieron su magia y en 2006 el TSJN cerró el caso dando la razón a Barcina y validando las obras.

Ahora tampoco parece que vayan a desmontar el cerramiento, teniendo en cuenta, además, que nos ha costado 16.000 euros. La resignificación, como en el caso de los Caídos, tampoco parece que sea la solución, a no ser que se use como cabina para hacer audiometrías o locutorio, que no parece que vaya a ocurrir. En cualquier caso, no me parece lo más inteligente arremeter ahora contra la persona que hizo la fotografía del engendro ni contra el periodista que dio la noticia, como hizo María Caballero en la Comisión del martes pasado. A ver, si lo hemos pagado entre todos, por lo menos tendremos derecho a verlo, ¿no?