El día de hoy acoge el décimo aniversario de la sucesión de Juan Carlos de Borbón y el inicio del acceso de su hijo Felipe a la jefatura del Estado. Una década para subsanar los graves errores del ciclo anterior, que en su parte final dejó tocada la imagen de la institución a resultas de que solo la inviolabilidad judicial del cargo evitó que se abrieran los debidos procesos judiciales contra el anterior monarca.
En el tiempo transcurrido desde entonces, la recuperación de la imagen ha estado confiada al márketing construido en torno a la vida social de la familia real, con el foco en la futura heredera, la princesa Leonor. Hoy, ese márketing reproducirá una escenografía militarizada y un guiño a la sociedad civil que no puede estar más distanciada de ella mediante la otorgamiento de condecoraciones. Mientras, asistimos al crecimiento de ideologías ultranacionalistas que se amparan en los símbolos del Estado para difundir mensajes contra la convivencia. El símbolo numero uno no está capacitado para jugar papel en defensa de los derechos individuales y colectivos; es un emblema pasivo.
Tampoco ha ejercido moderación ni arbitraje en defensa de las instituciones democráticas ante la crispación enquistada en el poder legislativo como estrategia desestabilizadora del poder Ejecutivo ni el riesgo de esclerosis del Judicial por la negativa a su renovación. Y, desde luego, en este tiempo no ha acreditado intención de afrontar el factor de inestabilidad que supone la irresuelta crisis del modelo territorial del Estado, que ha alcanzado cotas difícilmente superables, con la suspensión de instituciones democráticas a través del artículo 155 de la Constitución. Siendo justos en el diagnóstico, los márgenes de actuación independiente del monarca son casi inexistentes.
En eso es deudor del déficit democrático de su legitimación ciudadana, nunca directa, siempre interpuesta, que se pretende compensar con un estricto control legal de sus funciones. Pero la mixtura de inoperancia y simbolismo exacerbado ha jugado contra la sensibilidad plurinacional que los ponentes del texto constitucional filtraron discretamente en el texto y de cuya interpretación unilateral y homogeneizadora acaba siendo garante Felipe VI como antes lo fue Juan Carlos I. Siguen pendientes la revisión de la función, fiscalización del desempeño y reválida de su legitimación ciudadana.
