La aparición y fuga de nuevo de Puigdemont el martes sigue centrando el debate político, especialmente en Madrid y de la mano del PP y Vox. El acto de esta nueva escena busca encontrar un responsable al que echar el muerto por la reaparición del ex president en Bruselas. El PP señala al ministro Marlaska, al que la suma de incompetencias que almacena en su mochila hace tiempo que le deberían haber sacado del cargo –este mismo mes se han cumplido 10 años de la masacre del salto de la valla de Melilla que dejó decenas de muertos–, pero él sigue atrincherado en el sillón del Ministerio sin asumir responsabilidad alguna nunca. Interior responsabiliza a los Mossos, que a su vez ponen el foco en el propio Puigdemont por actuar de una forma impropia del cargo institucional que representaba.

Y la pelota va de un tejado a otro sin que ocurra otra cosa que el cruce de reproches. El juez Llanera a los suyo, intentando que alguien le aclare qué y por qué ocurrió. También es posible que la fuga de Puigdemont tuviera que ver con una inercia si no pactada, disimulada al menos, de todas las instituciones implicadas, tanto del Estado como de Catalunya, para evitar la imagen de un president elegido democráticamente, que lleva siete años de exilio por convocar un referéndum siguiendo la decisión de un Parlament igualmente elegido democráticamente por catalanas y catalanes y que ha sido ya amnistiado. Detenido y posiblemente luego encarcelado, aunque fuera de forma provisional. No es una foto que tenga buena venta en Europa y en otros países alineados en el bloque occidental –incluso pese a la regresión de valores en esas democracias–, y que seguramente hubiera deteriorado la imagen internacional del Estado español que ahora atraviesa un buen momento.

Es solo una intuición, pero tiene lógica política, institucional y diplomática. Y creo que algo similar ocurrió en 2017, cuando Puigdemont huyó también con el PP de Rajoy en el Gobierno. En aquel momento en Catalunya se aplicaba el artículo 155, el territorio estaba repleto de agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de miembros del CNI y de los servicios de inteligencia. Tampoco hubo responsables de aquella salida y reaparición en Europa. Es poco creíble, por muy bien que Puigdemont y su equipo elaboren sus planes de huida, que pueda fugarse por dos veces sin que nadie se dé por enterado. Catalunya ha dado un giro en su situación política, pero tanto el PP como Junts, o al menos un sector de este partido, necesitan mantener la situación de tensión y confrontación para sus respectivas estrategias políticasy sus movimientos de acercamiento mutuo.

Y cuentan con la inestimable ayuda de jueces como Llanera o Marchena que desde la trinchera del Supremo se niegan una y otra vez a aplicar la Ley de Amnistía con el invento de un subterfugio jurídico tras otro para boicotear la decisión democrática del Legislativo. Ni siquiera han esperado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía ni se han dado por aludidos cuando las instituciones europeas han tumbado una tras otras las euroórdenes de detención emitidas contra Puigdemont. Sin, duda un estado de estabilidad, acuerdos y diálogo sería bueno para la democracia en Catalunya y en el Estado. Y también para el independentismo, con Junts y el papel futuro de Puigdemont a la cabeza, que atraviesa una evidente crisis de atención y confianza social en Catalunya.