Por primera vez desde 2018, la apertura del Año Judicial contó con un Consejo del Poder Judicial con todos sus miembros ocupando sus puestos legalmente. Casi seis años han pasado con una mayoría de los magistrados que formaban esta institución atrincherados en sus sillones y prebendas aprovechando el bloqueo del PP a negociar con el PSOE su relevo atendiendo a la actual mayoría democrática del Congreso. Esa es una buena noticia de partida.

La siguiente debería ser que el Poder Judicial dejara de formar parte de la cotidianidad informativa y de las charlas familiares, vecinales y de taberna de los ciudadanos. Será un paso imprescindible para abordar la tarea fundamental de recuperar la credibilidad de la justicia y de sus altos tribunales. También es una buena noticia que el órgano de gobierno de los jueces esté presidido por primera vez por una magistrada, Isabel Perelló, ubicada en el sector progresista de la magistratura. La tarea del nuevo Poder Judicial –del que ahora forma parte también la jueza navarra Esther Erice–, no es fácil. Perelló destacó en su discurso el papel de la mujer en la carrera judicial y puso en evidencia la anomalía de que siendo mayoría en la Administración de Justicia son muy minoritarias en sus órganos de decisión. Además reivindicó con contundencia la independencia judicial y lazó un mensaje muy claro a la clase política señalando que ningún otro poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces y magistrados sobre como tienen que interpretar y aplicar las leyes.

Un defensa cerrada de la necesaria separación de poderes a la que sin embargo le faltó ir acompañada de una valoración sobre las andanzas que han protagonizado estos años jueces y magistrados con pronunciamientos y sentencias más que cuestionables. Perelló, que tiene igualmente la compleja tarea de abordar el actual atasco en los tribunales, con centenares de nombramientos pendientes en tribunales superiores, en el mismo Tribunal Supremo y en las audiencias provinciales, tiene el derecho y el deber de defender la independencia e imparcialidad judicial, pero no puede olvidar que el Poder Judicial, como el resto de las estructuras del Estado, puede estar sometido a la crítica pública.

Tampoco puede obviar que el bloqueo y la constante intervención de una parte de la justicia en el debate político público con artículos en los medios, fallos de fondo ideológico, instrucciones interesadas, lentitud incomprensible, argumentaciones visionarias han formado parte del clima de confrontación y crispación que campa en la política española desde que el PP perdiera el poder en 2017, tras la moción de censura por los casos y condenas por corrupción que acorralaron al Gobierno de Rajoy. Y aún tiene varios pendientes de juicio. Es evidente que también los propios integrantes de la Administración de Justicia han contribuido a socavar su credibilidad, tanto por indisimuladas actuaciones de interés político como por la inacción a la hora de solucionar los muchos problemas que arrastran los juzgados por falta de recursos humanos y materiales. Regenerar, modernizar y tranquilizar el poder judicial en todas sus dimensiones no parece tarea fácil, pero es imprescindible para asentar la credibilidad del Estado de Derecho y la independencia e imparcialidad de una justicia garantista y democrática.