El Gobierno de Navarra vuelve a prever unos Presupuestos para 2025 con un incremento del gasto del 2.4% hasta los casi 6.000 millones de euros, y un déficit del 0.3% que le permitirá, a falta de la normas de estabilidad que imponga el Estado, unos 80 millones más de gasto. Mantienen cierta senda expansiva, pero ello no evitará que lleguen tiempos de reducción de la capacidad de gasto de buena parte de los departamentos del Gobierno tras el fin de los fondos europeos.

Ya lo dijo la portavoz Amparo López, “cada uno hace lo que puede con lo que tiene”, para justificar la decisión de no cubrir con recursos propios el final de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas, unos 40 millones de euros para las solicitudes pendientes de 3.000 familias. No sé si ese “cada uno hace lo que puede” fue consecuencia de otro mal día de la Amparo López ante los periodistas o en realidad refleja el estado de ánimo que anida en el Consejo de Gobierno ante la negociación interna que se abre ahora para repartir el Presupuesto. Si la pugna es cada año cerrada, ese año se antoja que este tiempo tradicional en los entresijos de la política del que hay de lo mío será más intenso y tenso. Y no sólo entre los partidos miembros del Gobierno y los consejeros, sino también en la posterior negociación de los apoyos parlamentarios para garantizar su aprobación en la Cámara foral.

Y, por supuesto, con la larga cola de sectores sociales, empresariales, corporativos, económicos, sindicales, entidades locales, etcétera que esperan cada año los nuevos Presupuestos para demandar también su de derecho a la atención a sus necesidades, demandas y problemas desde los recursos públicos. En tiempos de reducción del gasto la frustración de las expectativas suele ser mayor. Es importante que el Gobierno tenga de partida un marco claro de las prioridades a la hora de abordar el diseño del reparto de esos casi 6.000 millones de euros. El hecho de que Navarra sea la comunidad del Estado que más mima en sus Presupuestos las políticas sociales esenciales, entre las que destacan la educación, la sanidad y los servicios sociales con 4.161 euros por habitante, casi el doble que Madrid, la comunidad con menor apuesta por estos sectores, ya es un indicativo claro de esas prioridades con el añadido quizá de vivienda y cohesión territorial y desarrollo rural.

No será el único reto este de los Presupuestos que tiene por delante estas próximas semanas el Gobierno de Chivite. UPN y Geroa Bai, miembro del Ejecutivo, están reclamando un mayor equilibrio en el reparto de la tarta de la recaudación tributaria –la mayor parte proviene de las rentas de trabajo, pymes, autónomos y clases medias–, que permita recuperar la equidad y progresividad entre ciudadanos y empresas, entre personas y capital. Parece una propuesta al menos de partida razonable, pero por lo adelantado por el consejero de Hacienda José Luis Arasti no parece que la mayoría del Gobierno esté por impulsar ahora cambios en la fiscalidad. Que nadie se engañe, ante tanta soflama en favor de la desregulación de los impuestos, sin responsabilidad fiscal colectiva no viviríamos en esta Navarra. Sería una Navarra mucho peor. El Gobierno de Chivite no muestra la fragilidad de Sánchez en el Congreso, pero es tiempo de afinar acuerdos.