Es uno de los municipios de la periferia de Donostia que han visto incrementar su demanda de vivienda ante el encarecimiento de los precios en la capital guipuzcoana que ha expulsado a mucha gente joven y familias al extrarradio. La oferta en Errenteria es prácticamente inexistente y los pocos pisos que hay superan los 950 euros al mes. De hecho ha sido el primer municipio vasco en pedir la declaración de zona tensionada (al parecer otros 43 lo están tramitando) para controlar el precio del alquiler en el mercado libre. Una figura que en todo caso deben reclamarla al Estado los gobiernos autonómicos que, además, son los que tienen que fijar las horquillas de precios.
En definitiva, lo de controlar precios implica a tres administraciones en escalera: la local, la provincial y la estatal. Catalunya es de hecho el único territorio que lo ha hecho. Topes para los nuevos alquileres que salgan al mercado o para que no suban los contratos que se prorrogan en esas zonas a raya.
Ayer la consejera foral de Vivienda Begoña Alfaro anunciaba que la primera declaración de zona tensionada en Navarra -entendemos que Pamplona- se producirá “durante este año”. Desde mayo de 2023 ya está funcionando el registro público de contratos de alquiler de vivienda que precisamente era para tener un diagnóstico real de los precios. Y no es para menos. Hace poco veíamos un ejemplo claro en un anuncio en un portal inmobiliario con un piso del Casco Viejo: 600 euros por 20 m2 en un cuarto piso sin ascensor en la calle San Lorenzo.
Alfaro habló ayer de una demanda de 17.530 solicitudes en 2023, con un 65% que lo hace solo en alquiler. Sabemos en todo caso que limitar el precio del alquiler en el mercado libre no es la panacea si las administraciones no cuentan con un parque público de vivienda suficiente que, por otro lado, es evidente que no se crea de la noche a la mañana. Navarra ha hecho un esfuerzo en los últimos años por impulsar vivienda pública de alquiler tras muchos años de gobiernos de derechas con mercados especulativos y descalificaciones de VPO pero queda mucho trecho por delante. Hay suelos, solares sueltos más Donapea o Etxabakoitz pero la maquinaria urbanística es muy pesada. Y la construcción de vivienda pública de alquiler requiere de un gran esfuerzo inversor. Es invertir en futuro.
El 65% de solicitantes de vivienda protegida en Navarra demandan solo alquiler
Si hay unas 5.000 viviendas destinadas al alquiler protegido en Navarra, la mitad están en manos de Nasuvinsa. La consejera habló en primavera de nuevas iniciativas como impulsar el alquiler asequible a través de una sociedad público-privada o de promover VPO en compra venta pero la legislatura avanza y las licencias de VPO escasean. Unos presupuestos forales más restrictivos y el final de los fondos europeos quizás obliguen a buscar nuevas fuentes de financiación. Las ayudas al alquiler, a la vivienda vacía y a la rehabilitación también suman pero la necesidad de alquiler se va acrecentando cada vez más. Y no hay sueldos para pagar un piso de dos habitaciones a 270.000 euros en Arrosadia.