Registrado el texto para reformar la Ley Mordaza solo cabe esperar que en esta ocasión los cambios que incluye en la normativa sean una realidad. Llega casi 10 años tarde. Quizá demasiado tarde para tener ya el calificativo de buena noticia, pero menos da, claro, que continúe vigente. Aprobada con la mayoría absoluta que tenía Rajoy en el Congreso en 2015 –fue apoyada también por UPN–, ha tenido desde entonces amplia contestación política y social en las instituciones y en las calles. El Parlamento de Navarra ha aprobado sucesivas mociones y declaraciones exigiendo su derogación –compromiso que adquirió en primera persona Sánchez, pero que ha incumplido tras llegar a la presidencia del Gobierno–, y ha habido diversos intentos de al menos reformar su contenido más lesivo y punitivo para derechos constitucionales y democráticos fundamentales, pero todos finalizaron en fracaso. De partida, el texto que se presenta ahora, anunciado por EH Bildu como un pacto, tampoco tiene garantizada la mayoría. Podemos ha mostrado su rechazo y Junts exige negociar sus propias propuestas. El PNV avala el nuevo texto , pero anuncia también que tratará de introducir más cambios. Además, hay cuestiones sensibles cuyo compromiso de supresión queda un tanto difuso en el modo, la forma y el tiempo. Como el fin del uso de pelotas de goma por parte de los cuerpos policiales –ya vigente en la CAV y Catalunya–, cuya aplicación será progresiva y sin fecha alguna de finalización. O el necesario equilibrio entre los derechos civiles de los ciudadanos y el alcance de las actuaciones policiales que desde su entrada en vigor ha dado lugar ha inaceptables actuaciones bajo el hiperdimensionado paraguas del orden y la autoridad competente. Así, las cosas nada se puede dar por seguro. Esta Ley Mordaza ha demostrado una capacidad épica para resistir todos los intentos de modificar su contenido pese a haber una mayoría parlamentaria clara en el Congreso que lo apoya. Hasta ahora ha sido más fácil para esos grupos que ahora sostienen a Sánchez airear su rechazo a la Ley Mordaza que ponerse de acuerdo para mandarla al rincón de la historia. Lo cierto es que la Ley Mordaza es una máquina de destrucción democrática. Otra más. Un instrumento del poder para limitar o eliminar los derechos y libertades de manifestación, información, asociación, opinión y expresión. No es casualidad. Forma parte de un corpus ideológico, político, económico y judicial que se expande por las democracias occidentales para que los poderes puedan blindarse con la máxima impunidad para cometer sus tropelías. Multas exageradas, penas desproporcionadas, conversión en delitos el ejercicio de derechos y libertades como estrategia de coacción a la sociedad. Junto a los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el Código Penal –deberían ser los siguientes textos legales a reformar–, han supuesto una regresión en libertades fundaméntales. Su derogación, que fue el compromiso político inicial, parece ya imposible y su reforma ya llega tarde para miles de personas que han sufrido condenas, cárcel y multas por ejercer su derecho de opinión o de manifestación u otros derechos políticos y civiles democráticos fundamentales. Solo en Navarra, en 2023 se formularon 2.233 sanciones que recaudaron casi 1,4 millones de euros.