Con los ecos de la victoria de Trump y los efectos de la DANA todavía presentes, el Gobierno de Navarra encara este jueves el Debate sobre el estado de la Comunidad.

Una cita tradicional y clave para hacer análisis de la coyuntura política, pero que llega sin apenas expectación social ni mediática. En parte porque esta Legislatura está siendo continuidad de la anterior. Los mismos agentes y con las mismas mayorías siguen al frente de las instituciones, ahora también en el Ayuntamiento de Pamplona. Así que casi todo suena conocido. 

Tampoco es mal panorama para una presidenta del Gobierno más centrada en su papel institucional que en una refriega política que habitualmente queda para los portavoces del partido. Y que encara el pleno de política general con la tranquilidad que ofrecen unos presupuestos y una reforma fiscal en trámite parlamentario, con su aprobación garantizada. 

Con este serán diez los presupuestos aprobados de forma consecutiva. Una “década prodigiosa” como apuntan con cierto entusiasmo algunos miembros del Gobierno, y que ha venido acompañada de un crecimiento económico continuado y una mejora de la recaudación fiscal. Pero también de un incremento de la estructura administrativa que no ha servido para corregir algunos problemas estructurales en ámbitos como la sanidad o la vivienda, que siguen mostrando carencias cada vez más cronificadas. 

Muestra en todo caso de una estabilidad política e institucional que se ha traducido en unas cuentas públicas saneadas, mejoras retributivas y la consolidación de muchas políticas sociales que en su momento llegaron a ser pioneras. De la renta garantizada a la coeducación, pasando por la financiación pública de muchos colectivos que históricamente habían quedado excluidos.

Pocas novedades

El presupuesto de próximo año es por lo tanto coherente con los anteriores. Lo que tiene su parte positiva en cuanto a perspectiva de medio plazo, pero también su parte negativa en cuanto a la ausencia de apuestas novedosas e inversiones relevantes. El Gobierno foral mantiene la inercia, más ahora que se acaban las ayudas europeas aprobadas durante la pandemia, y que han aportado fondos adicionales para inversiones estratégicas y productivas que vuelven a quedar aparcadas bajo el peso creciente del gasto ordinario de la Administración.

Tampoco la reforma fiscal aporta grandes novedades si se exceptúan las mejoras comprometidas con el sector primario tras sus protestas de principio de año, las ayudas para la compra de coches eléctricos o la producción audiovisual, y las medidas dirigidas a fomentar el alquiler de vivienda con incentivos para los propietarios. Reformas quirúrgicas en todo caso desde el punto de vista de la globalidad del sistema fiscal y cuyo efecto práctico será más bien limitado.

Apenas 20 millones de impacto que contrastan con los 150 que va a suponer la devolución del IRPF a los mutualistas. Una medida regresiva que beneficia más a los pensionistas con mayores ingresos y que absorbe prácticamente todo el margen presupuestario disponible. Pero que los socios de Gobierno han decidido acometer para evitar el conflicto con un colectivo numeroso y movilizado.

Queda pendiente un análisis más profundo que el Gobierno se ha comprometido a realizar en los próximos meses con sus socios parlamentarios en lo que han denominado la mesa fiscal. Un compromiso adquirido también hace un año sin que se hayan concretado en medidas específicas para el conjunto de los contribuyentes. Al menos por ahora no habrá ni deflactación del IRPF ni rebaja para las rentas medidas.

Porque ni el Gobierno tiene ganas de tocar una estructura fiscal que le garantiza los ingresos suficientes para cometer un volumen de inversión que alcanza ya los 6.000 millones, ni las recetas que plantean los socios, con más cálculo electoral que rigor, van en la misma dirección. Así que todo sigue más o menos como estaba.

Quizá por eso, y a falta de argumentos mayores, la polémica gira estos días en torno a los 75.000 euros que el Ejecutivo aportaba a los coros por los actos del 3 de diciembre, y que parecen haber acabado en una campaña institucional para promocionar la Marca Navarra. Reflejo del espacio que queda para los grupos de la oposición, pero también de por dónde pasan algunas de las prioridades del Gobierno foral.