Obligación legal y obligación ética

En este mundo donde los temores de todo tipo y sobre cualquier incógnita se extienden de boca en boca, emerge cada vez con mayor energía también la inmigración como otro elemento clave en ese miedo social que lo mismo mezcla sobrepoblación con inseguridad ciudadana que terrorismo yihadista con la situación de los menores migrantes no acompañados. La reacciones a la aprobación de un nuevo decreto de ley para redistribuir entre las comunidades del Estado a los más de 6.000 menores migrantes que están ahora acogidos en Canarias, más los cientos de Ceuta y Melilla, han puesto sobre el debate público de nuevo los discursos xenófobos y racistas que airea la extrema derecha por toda la UE y Vox en España y que cada vez compra con menor disimulo también el PP. Un sin dios que conforma un magna político asqueroso, pero que está de moda y parece imparable.

Cumplir con las obligaciones de la acogida a personas menores migrantes no sólo es un compromiso legalmente ineludible al amparo no sólo de la legislación del Estado español, sino también de la normativa europea, del Derecho Internacional, de los Derechos de la Infancia y de los Derechos Humanos.

Todo un compendio jurídico internacional, del que también el Estado y sus comunidades autónomas forman parte, que ampara el derecho a la atención y acogida de los menores inmigrantes. La protesta del PP por el reparto de esos menores –achaca que comunidades como Navarra, la CAV o Catalunya salen beneficiadas frente a Madrid, Valencia o Andalucía–, obvia la realidad objetiva de que han sido las comunidades del PP las que han aprovechado que hasta ahora esa acogida era voluntaria y no obligatoria para escaquearse de sus obligaciones, mientras que los territorios que ahora recibirán menos menores son las que acumulan mayor número de niños y niñas acogidos por haber asumido en la medida de sus posibilidades su responsabilidad desde el principio. Navarra tutela ya a 300 menores migrantes y podría recibir ahora 160 más. Porque no se trata solo de un obligado cumplimiento legal, sino también es un comportamiento esencial del compendio ético que conforma una forma de entender la vida en el que la solidaridad y los seres humanos, en este caso los menores, ocupan el primer lugar.

Porque hablamos de eso, de niñas y niños. La política migratoria, como cualquier otra, puede y deber ser objeto del debate público, y más en un presente en el que la inmigración en general, y los menores migrantes en particular, se perciben en una buena parte de la sociedad como un problema, pero es inevitable tener que aceptar que su gestión y atención no puede ser únicamente responsabilidad de Canarias por ser punto de llegada o de una parte de las comunidades.

Es cierto que la amplia difusión política y mediática de los mensajes xenófobos –muchas veces como repugnantes manipulaciones y bulos–, amplía su espacio social y ello requiere no ocultar el debate mediante una actitud pasiva, sino un mayor esfuerzo pedagógico y medidas explicables a la opinión pública y eficientes para la integración social, al margen del buenismo simplista, que presenten la realidad de los hechos y las acciones institucionales y sociales de protección de derechos humanos. Sin falsas solidaridades demagógicas, hay que insistir.