El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha emitido un informe sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones al Gobierno del Estado que merece ser valorado más allá del interés partidista que pueda propiciar. Para empezar, es cierto que el GRECO echaba en falta en su informe de cumplimiento varias carencias, pero no lo es menos que su contenido está actualizado a junio del pasado año y volverá a analizarse en el de este.
Esto se traduce en que, por ejemplo, su diagnóstico sobre la elección de miembros del CGPJ no contemple el acuerdo de PP y PSOE que permitió su renovación posteriormente. Lo que no quita para que siga expresando dudas sobre el modelo de acuerdo político y la independencia del órgano resultante. Pero, empezando por el principio, huir del ruido político permite clarificar extremos. Ni se puede hablar de plena satisfacción en el desempeño del gobierno español, como éste desliza, ni de un incumplimiento sistemático, como pretende la oposición.
El proceso de recomendaciones y seguimiento comienza en 2019, precisamente a raíz de la experiencia de corrupción y escándalo que salpicó a los gobiernos de Mariano Rajoy y que se arrastraban desde las prácticas del partido (caja B, financiación, Gürtel, etc) que lideraba los gobiernos en tiempos de José María Aznar. GRECO realizó unas recomendaciones que en diciembre de 2023, con cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez a la espalda, no se habían cumplido plenamente. Concretamente, 13 de las recomendaciones se habían implementado parcialmente y otras 6, en ningún caso.
El informe conocido es una actualización de junio de 2024 que reclamaba un seguimiento al Gobierno español que entregó en diciembre último y se valorará en junio próximo. De modo que está pendiente de contrastar el grado de evolución actual. La auténtica asignatura pendiente de la política española es el control de la integridad de los altos funcionarios de los Gobiernos y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ese es un debe que arrastran los partidos que han gobernado el Estado –PP y PSOE– desde la restauración democrática y, en consecuencia, no debe ser motivo de satisfacción para ninguno de ellos ni las carencias ajenas eximen sus respectivas responsabilidades. Esas carencias les son propias.
