La represión política y judicial contra militantes ambientalistas no es cosa de lejanos países. El próximo 19 de mayo se inicia en la Audiencia de Pamplona el juicio contra siete jóvenes baztaneses acusados de coacciones y de pertenencia a grupo criminal por participar en una acampada y un acto de desobediencia para obstaculizar el paso de maquinaria pesada en Aroztegia, en Lekaroz (Valle de Baztan) durante la primavera del año 2021. Les piden por ello 20 años de cárcel y 56.000 euros de multa en total. El proyecto Palacio de Arozteguía S.L. contempla la construcción en ese lugar de 228 viviendas, un hotel y un campo de golf. A ello se vienen oponiendo desde hace años los y las lekaroztarras, el Ayuntamiento de Baztan y la Junta General del Valle, esgrimiendo para ello razones de sostenibilidad medioambiental, paisajística, social, económica y cultural. Por encima de estos argumentos ha pasado el Gobierno de Navarra quien declaró el proyecto como PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal), una figura que permite saltarse las competencias municipales por razones de interés general, que no parece ser el caso. Equivocados o no, los baztaneses se han manifestado en diferentes modos de forma mayoritaria -también con su voto en las elecciones municipales- sobre cuál es el modelo de desarrollo por el que apuestan, y este parece no pasar por una determinada forma de entender la oferta turística y urbanística, por encima de los beneficios económicos inmediatos que ésta pueda suponer para algunos sectores. Poco puede extrañar, visto el desastre que ha ocurrido y sigue ocurriendo en muchas zonas del litoral mediterráneo y cantábrico cercano. Desde Pamplona se ha querido políticamente hurtar la opinión de los vecinos, y luego pasa lo que pasa. Que una persona pueda pasar tres años en la cárcel por ponerse delante de una máquina es simplemente aberrante.
