Las iniciativas más recientes del Gobierno español en materia de relaciones laborales han profundizado el desencuentro entre el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, y las organizaciones empresariales. La agenda social de la vicepresidenta segunda trata de implantar iniciativas unilaterales, acordes a su sentido político, pero conlleva el riesgo de enconar el diálogo social. Existe una distancia amplia entre las posiciones de patronales y sindicatos en muchos de los ámbitos del diálogo social.

Esto supone muchas veces el bloqueo de iniciativas de una y otra parte. Sin embargo, no cabe perder de vista que el escenario de estabilidad alcanzado en materia de relaciones laborales ha sido fruto de un acuerdo entre agentes sociales. La alternativa deriva en inestabilidad jurídica. Cada sensibilidad ideológica tiene una visión propia de las relaciones sociolaborales. La de la derecha la aplicó unilateralmente el Partido Popular amparado en su mayoría absoluta mediante una reforma laboral que dejaba fuera las demandas sindicales. La contrarreforma tras la censura a Rajoy tuvo la virtud de incluir a sindicatos y patronales. Esto permitió medidas de consenso sobre temporalidad, política salarial o regulación de los ERTEs. La ruptura de esa dinámica devuelve la inestabilidad al supeditar el marco al color del gobierno que dispone de recursos para legislar y no al consenso de los agentes sociales. La contraposición de posturas ante la negociación sobre SMI y productividad, absentismo y estabilidad laboral debería propiciar una agenda compartida de intereses colectivos y no un empate infinito de desencuentros.

La pretensión de que sea el poder Ejecutivo el que aplique medidas para las que carece de competencia o que afectan al tejido productivo –en Euskal Herria están los debates del salario mínimo propio o las pensiones– es causa de frustración. No deja de ser parte de la estrategia de contrapoder de algunos sindicatos frente al marco institucional democrático. Es irresponsable alimentar la decepción por inflamar expectativas condenadas al fracaso. Las mesas de diálogo social no debería suplantarse por estrategias de conflicto o unilateralidad. Pero, para que sean útiles, hay que acudir a ellas con voluntad pragmática y sin encastillamiento ideológico de cualquiera de las partes.