El abogado de las dos jóvenes violadas tras ser sometidas a sumisión química hace nueve años en Pamplona acusa a los movimientos feministas, partidos políticos, instituciones navarras y a la sociedad en general de no mostrar su apoyo a estas víctimas, tal y como todos ellos hicieron meses antes en el caso de La Manada. Tiene razón, tampoco yo presté la atención merecida. Recuerdo que en medio de la polvareda de lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 supe algo de estos posteriores hechos y leí sobre los muchos obstáculos que la acusación se estaba encontrando para lograr la condena de los dos hombres, pero lo olvidé.
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Ha tenido que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenar al Estado español a abonar 45.000 euros por la mala praxis policial y judicial que dejó impune la agresión sexual, sin llegar siquiera a juicio, y que llevó a las autoridades a archivar una detrás de otra la plaga de irregularidades y pruebas destruidas incluso en la comisaría de la Policía Nacional de Pamplona. Nadie las creyó y nadie estuvo a su lado. Quizás –piensa este abogado– la presión popular se activa sólo en ocasiones y carece del firme propósito de “poner pie en pared para conjurar la práctica miserable de agredir sexualmente a las mujeres, solo por su condición de tales”. Quizás.