Obtenido por fin, 9 años después, el severo pronunciamiento condenatorio al llamado “Reino de España” por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, por haber violado los derechos de las dos demandantes –víctimas en diciembre de 2016 de una doble violación sexual en Pamplona/Iruña, mediando su previo sometimiento a la conocida como “sumisión química”– a no ser sometidas a torturas o tratos inhumanos y degradantes, y a su integridad física y moral, como consecuencia de las que no dudaré en calificar de anómalas actuaciones policial, fiscal y judicial, que llevaron a que estos hechos ni siquiera fueran juzgados.
Dado que la sonora condena del alto Tribunal Europeo lo es a las tres instancias (policial, fiscal y judicial), no estaría de más que en un acto colectivo de arrepentimiento, decidieran voluntaria y colectivamente indemnizar a las dos víctimas de sus desmanes o tropelías como justamente lo merecen. Aunque sólo fuera desde la perspectiva de que, como ocurriría en cualquier lugar del mundo, y en cualquier ámbito profesional, quienes no han cumplido con sus obligaciones sean quienes sean, son y deben ser directamente responsables de las consecuencias de sus incumplimientos.
Lo que acabo de señalar lo digo a título individual, pero después de haber sido durante estos 9, muy pero que muy largos años, abogado defensor de las dos víctimas. Y de haberme tocado por tal condición partirme la cara una y otra vez, junto con las dos víctimas, contra los muros de la Policía Nacional en Pamplona, de la fiscalía navarra, de los juzgados de instrucción 1 y 5 de Pamplona, de su juzgado decano, de la Audiencia Provincial de Navarra (sus secciones 1ª y 2ª), y del Tribunal Constitucional español, muy mal llamado Tribunal de Garantías. Sentado lo anterior, ha llegado el momento de formular, desde otra perspectiva, esta acusación pública.
Y lo hago acusando de haber permanecido durante estos 9 años, largos pero que muy largos años, totalmente ausentes, del todo desaparecidos de escena, y miserablemente impasibles, ante las violaciones de dos jóvenes navarras en el mes de diciembre de 2016, en el casco viejo de la misma Pamplona/Iruña en la que sólo 6 meses antes se había hecho ensordecedor el clamor popular contra las agresiones sexuales a las mujeres.
Acuso de todo esto a los denominados grupos feministas, a todos los partidos políticos del especto navarro, a la Delegación del Gobierno en Navarra, al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y, a la par que a todos ellos, también a la propia sociedad navarra y a la mayor parte de los medios de comunicación (con la honrosa excepción de éste en el que ahora pueden leerse estas líneas). Quizás sea que haya víctimas de primera y victimas de segunda; quizás sea que solo interese alzar la voz cuando se sabe que lo haces con altavoces que la proyectan para la galería a docenas, a cientos o a miles de kilómetros de distancia, ante un caso, emblemático por sus circunstancias y por su repercusión, conocido por su manada; quizás sea que esa voz alzada obedezca sólo a dejarse llevar por la presión popular, y no a un real y firme propósito de, una vez por todas, poner pie en pared para conjurar la práctica miserable de agredir sexualmente a las mujeres, solo por su condición de tales.
Quizás obedezca a todo lo anterior, o quizás a nada de ello. Pero lo cierto es que lo que denuncio en los párrafos anteriores, y la acusación que formulo, responde a la verdad y a la realidad de las cosas. A la realidad de dos jóvenes navarras que no sólo fueron violadas de modo miserable y totalmente impune por dos anormales, sino que para serlo fueron previamente sometidas a la llamada “sumisión química”, una práctica criminal que, sin embargo, estuvo ausente en la múltiple violación de otra joven, en este caso madrileña, en los Sanfermines de 2016, por cinco criminales anormales que integraban la conocida como la Manada.
Las dos jóvenes navarras no sólo fueron violadas tras ser sometidas a una situación de “sumisión química”, sino que vieron también que la justicia navarra miraba para otro sitio y decidiera que su caso ni siquiera merecía ir a juicio. Aquí no hubo ningún voto particular de ningún juez, como en el caso de la Manada. Aquí fue por unanimidad, de juezas mujeres, respaldadas por una fiscal mujer, y por los magistrados de la Audiencia Provincial (entre ellos varias mujeres también). Las dos jóvenes navarras no solo vieron que su caso quedó para siempre imprejuzgado, sino que asistieron atónitas, obligadas por la verdad y la realidad de las cosas, al silencio atronador de la sociedad navarra con sus instituciones mudas (en alguna ocasión he oído que en el Gobierno de Navarra existe alguna oficina de víctimas del delito, alguna sección de violencia contra la mujeres, el Instituto Navarro para la Igualdad con su sección de víctimas de delitos sexuales, un centro de atención integral a las violencias sexuales, etcétera), al silencio también atronador de la sociedad española con sus instituciones asimismo mudas aunque debatiendo a la par sobre la nueva legislación que ponía el acento en el consentimiento para evaluar la existencia o no de delito en el mantenimiento de relaciones sexuales (la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, llamada Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como “la ley del sólo si es sí”).
Ese mismo consentimiento que una mujer, privada de toda libertad y de toda voluntad y consciencia por la “sumisión química”, jamás puede prestar y que las dos víctimas ahora escuchadas por el Tribunal de Estrasburgo, jamás prestaron tampoco.
Una situación de “sumisión química” que las dos jóvenes navarras tuvieron que llevar al máximo órgano judicial europeo en materia de derechos humanos, con notable éxito, señalando a los jueces europeos que lo que denunciaban en su seno era una situación, a la que fueron sometidas como víctimas, que puede considerarse como uno de los supuestos más denigrantes que puedan imaginarse, no sólo para las mujeres sino para la propia condición humana, como es la provocación por terceros de su pérdida total, durante muchas horas, de consciencia de todo lo que sucedía alrededor suya y con ellas mismas, de privación absoluta de su libre voluntad y de borrado de la memoria de lo ocurrido, para ser agredidas sexualmente (violadas) por dos hombres mediante penetración vaginal en unas relaciones sexuales no voluntarias y, en consecuencia, tampoco consentidas. Y nunca juzgadas por la justicia española.
Señalando a los jueces europeos exactamente lo mismo que se habían cansado de señalar a los jueces navarros. Ahora, los jueces de Estrasburgo han tenido ocasión, por vez primera, de pronunciarse sobre todo esto, en una sentencia histórica. Una sentencia histórica, como histórica es la –quizás– “sumisión silente” de la sociedad navarra y española, de los órganos judiciales de Navarra, y de todas y cada una de sus instituciones, que han sido incapaces de reaccionar, a lo largo de muy largos 9 años, ante semejante atrocidad. Histórica y vergonzosa.
Mientras tanto, las dos víctimas estuvieron, y siguen estándolo, arropadas sólo por sus familias y amigos y, orgulloso de ello y ahora algo satisfecho, también por mí en su defensa. Con incredulidad y con amargura, ahí va y queda para quienes la entiendan para sí, esta acusación pública.
El autor es abogado de las dos víctimas, colegiado en los M.I. Colegios de Abogados de Pamplona y de Madrid (nº 1027 y 60995, respectivamente)
