La empresa que ostentaba el 64% de las acciones de la residencia de mayoresAmavir Ibañeta de Erro ha decidido abandonar y el futuro de las 35 personas trabajadoras y de los 50 residentes pende de un hilo muy fino que sostienen 8 entidades locales de pequeño tamaño y poder económico –Erro, Esteribar, Arce, Aezkoa y los ayuntamientos de Luzaide, Auritz, Orrega y Orotz Betelu–, que se ven en una tesitura tremenda para tratar de llegar a un acuerdo y aportar la liquidez necesaria para mantener abierto este recurso asistencial.
Comentaba hace unas semanas, al hilo de un estudio que proyectaba la pirámide de población navarra para dentro de 13 años, que es momento de ponerse a analizar –e implantar– cambios de modelo a la vista del galopante envejecimiento de la población, que en su tramo de mayores de 80 años va a aumentar en 20.000 personas, casi un 50% más que ahora. Esto –y la situación actual del Amavir Ibañeta– necesita de la implicación total y absoluta del Gobierno de Navarra, que tiene que comenzar a implementar acciones directas o indirectas para mejorar la situación de lo existente y para proyectar lo futuro. Desde las 8 entidades, agradecen el apoyo de Administración Local y Despoblación y de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, pero aseguran que sin el respaldo del Gobierno “sería un suicidio” mantener abierta la residencia. El modelo, ya digo, hay que cambiarlo en todas partes, pero en zonas como las mencionadas, que sufren la despoblación y todas las desventajas en servicios que eso conlleva, hay que actuar de manera urgente y directa.
No puede ser que se dejen morir herramientas en zonas ya lo suficientemente castigadas, con las pérdidas de todo tipo que eso supondría para esos valles y pueblos, así que, quiera o no, recae en el Gobierno de Navarra la obligación moral de sostener esta infraestructura que da un servicio público.