Mala praxis policial y judicial en investigación por violación con sumisión química. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es firme. La Abogacía del Estado español, condenado, ha renunciado a una revisión de hechos en la Gran Sala de ese Tribunal. No interpone recurso, paga indemnización a las víctimas y esquiva la reapertura de los procedimientos judiciales. Casi una década después de los hechos, carpetazo. Calmante económico para las víctimas. Los agentes implicados en esa mala praxis, de rositas.
El texto de la sentencia, ya publicado y valorado meses atrás, es demoledor para la dignidad de un país que presume de ser un Estado de Derecho: “Las autoridades no llevaron a cabo una investigación efectiva de las denuncias de agresión sexual con sumisión química, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales mientras se encontraban bajo custodia policial”. Reconocimiento también “de garantías insuficientes de independencia de la investigación y la respuesta inadecuada a estas fallas en la investigación”. Bochornoso. Deplorable. El ministro del Interior y exmagistrado Grande-Marlaska tragó saliva al ser interpelado en el Congreso de los Diputados, mostró “preocupación porque podía generar desconfianza en el conjunto de las víctimas”, y ahí quedó todo. Postureo institucional. También fue llamativo el silencio social, político y feminista. Conocida la firmeza de la sentencia, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Navarra lo reconoce como “uno de los episodios más graves de descrédito de la Policía Nacional en Navarra y reclama una actuación institucional ejemplar, inmediata y contundente”.
Lo concreta en la solicitud dirigida a la delegada del Gobierno para que proponga a Interior el “cese inmediato e inaplazable” de la comisaría jefe de Policía Judicial en Pamplona.Medidas administrativas imprescindibles para paliar una desconfianza pública por impunidad.
