Fallo judicial

No tengo ninguna duda de que el Gobierno del cuatripartito tramitó su OPE de Educación en los mismos términos y cumpliendo con los mismos requisitos que, en su día, los sucesivos ejecutivos de UPN. Todavía dudo menos de que, como decía ayer la consejera Beaumont, el único objetivo de Afapna era cargarse los 100 puesto en euskera y enviar al paro a quienes obtuvieron estas plazas. Y tampoco creo que el Gobierno yerre cuando afirma que la interpretación que ha utilizado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en su polémica sentencia está cogida por los pelos y contradice su propia doctrina. Confío en que, como también se ha afirmado, el ejecutivo que preside Barkos utilice todas las herramientas que la ley pone en su mano para que el fallo judicial -nunca mejor dicho- no tenga recorrido. El objetivo hoy no puede ser otro que devolver la seguridad jurídica a las personas que lucharon a brazo partido para sacar esas plazas. No son éstos, sin embargo, los únicos deberes por hacer. Las alusiones a “la herencia” de UPN se han convertido casi en un tópico para referirse a los múltiples agujeros que una gestión en el mejor de los casos deplorable y clientelar ha dejado en las cuentas de Navarra. Se habla menos de otros legados que están sirviendo para poner palos en las ruedas del cambio. Quizás haya que apechugar con el gran número de cargos de la Administración Foral que están donde están por su cercanía política con el regionalismo, por mucho que algunos de ellos se dediquen al boicot activo de las políticas del actual gobierno. Más fácil lo tiene con el aparato legislativo y reglamentario que levantó UPN con intención claramente discriminatoria para la lengua vasca y sus hablantes. Año y medio después de las elecciones del cambio sigue prácticamente intacto. Alguna vez le tendrá que tocar el turno.