la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que suspende el plan que diseñó el Gobierno de UPN-CDN para levantar unas 19.000 viviendas en el trigal de Guenduláin, ha traído de nuevo a la actualidad el que ha sido uno de los mayores disparates forales en lo que llevamos de siglo. Cuando buena parte de la ciudadanía de occidente padecía las consecuencias del burbujón inmobiliario y en cualquier tertulia de bar se vaticinaba su inminente pinchazo, a los gobernantes, constructores y promotores de aquí no se les ocurrió otra cosa que semejante despropósito. Estábamos en el año 2005 y, para entonces, ya se habían perpetrado otras tropelías urbanísticas, siempre con el mismo afán especulativo, pero ninguna de tamaño semejante. Una de ellas es la denominada ecociudad de Sarriguren, aquella a la que desplazarse a pie o en bici supone jugarse la vida y donde residen 17.000 vecinos que deberían vivir en esos pisos que no se venden en Lezkairu, Erripagaina... -a la mitad de distancia del centro de Pamplona- y a quienes ahora el Gobierno les condena a hacinarse en el colegio público con el argumento de no tener dinero para levantar otro. Este es un buen ejemplo de la insostenible gestión que han hecho los sucesivos Gobiernos de UPN, interesados en desperdigar a la población por la Comarca con la aviesa intención de cobrar luego a doblón los pisos que pretendía construir en los pocos terrenos que quedan urbanizables en la capital. Lo quisieron hacer en Lezkairu, donde pensaban vender las viviendas ¡¡a medio millón de euros!!, hasta que se dieron cuenta de que por ese precio no hay demanda ni para los pisos nuevos de lujo de la calle Amaya. Entre tanto, el mal ya está hecho y tampoco hay dinero para financiar un buen transporte público que atienda las necesidades de los miles de vecinos diseminados por la Cuenca de Pamplona. A todo esto, me cuentan que a los herederos del conde de Guenduláin todavía no se les ha pasado el ataque de risa tras embolsarse 112 millones de euros por el trigal. De traca.
