las sentencias absolutorias del caso Egunkaria y de los 40 jóvenes acusados de pertenencia a la ilegalizada Segi, conocidas en poco más de una semana, han puesto otra vez de manifiesto que el Estado de Derecho requiere una revisión a fondo en cuanto a las garantías que ofrece a sus ciudadanos. Porque algo falla en este sistema -el mismo que improvisa ahora la manera de perpetuar la inviolabilidad del todavía monarca y que no quiere saber nada de la procedencia de su riqueza-, que ampara arrestos y encarcelamientos masivos sustentados en instrucciones judiciales propias de Pepe Gotera y Otilio y que luego no repara de ninguna manera sus atropellos. Es la criminalización, perfectamente orquestada, a coste cero. El proceder se ha repetido en numerosos sumarios. Primero, la Audiencia Nacional ordena las operaciones y las comunica a medios afines para que dispongan de abundante material audiovisual de los detenidos con el que magnificar la noticia. A continuación, la Policía los incomunica y llegan las denuncias torturas, mientras la caterva mediática no escatima tipografía para acusarles de pertenencia a ETA. Se inicia entonces el calvario para los afectados, quienes de entrada ya son culpables, porque la presunción de inocencia en muchos casos se les niega al ser conducidos directamente al talego. Luego, transcurridos varios años, otro juez del mismo tribunal de excepción que dirigió la inconsistente instrucción les absuelve y parece que les ha hecho un favor. A partir de ahí, esos mismos medios apenas se hacen eco de que aquellos a quienes criminalizaron no habían cometido delito alguno, y nadie les indemniza por el sufrimiento causado ni por el elevado coste económico que conlleva la defensa judicial. Con este chapucero modus operandi se han cerrado dos periódicos, se han violentado centenares de domicilios y se ha agravado la salud de muchas personas, mientras los dos partidos todavía mayoritarios miran para otro lado y se les hincha la vena cuando hablan de democracia.
