“Si te digo la verdad yo no podría amañar nada. Se piden varias ofertas para cualquier obra de cierta envergadura y el control técnico y, también político, es absoluto”, destacaba un alcalde de la Comarca repasando las corruptelas del PP en ayuntamientos -por cierto mucho mayores- como Alcorcón (167.000 habitantes), Majadahonda o Pozuelo de Alarcón (una empresa pagó un millón en dádivas para obtener el servicio limpieza gracias a la mediación política municipal) en el área metropolitana de Madrid. Sin la convivencia de los funcionarios sería imposible “tapar los controles”, asume otro regidor vecino. Imagínense que gestionan un Ayuntamiento. Hasta 3.000 euros (sin IVA) puedes pagar una obra, suministro o asistencia (palabreja que significa encargo de informes y estudios técnicos) con factura previa a quien se quiera. En Navarra, el tope a dedo (factura MÁS reserva de crédito) es de 6.000 euros en suministros y asistencias, y 30.000 en obras, lo cual no quiere decir que las administraciones no ofrezcan mayores garantías. El procedimiento negociado sin publicidad (sin concurso) tiene como límite los 200.000 €. En definitiva, una parte del gasto corriente o menor puede darse de manera arbitraria, si se quiere. No es lo habitual. La mayoría de los pequeños ayuntamientos apuestan por las empresas y comercios locales para sus compras lo cual tiene toda lógica. En municipios importantes la cuantía de las facturas importa. En ayuntamientos como Aranguren la consigna a los técnicos es que para cualquier obra o proyecto, del precio que sea, se invite al menos a tres empresas. El equipo de gobierno de Pamplona prepara a su vez un plan para fomentar el acceso a pequeñas empresas (ahora el 31%) y entidades de economía social. Por cierto, si las políticas cambian se derivan de ellas nuevas contrataciones con perfiles diferentes y estudios técnicos vinculados a otros intereses (medio ambiente, sostenibilidad, igualdad, etcétera) que no siempre son bien entendidas aunque resulten estratégicas. También muchos consistorios del cambio han decidido crear o reciclar empresas públicas para gestionar sus servicios (tareas de limpieza, SAD, gestión deportiva, etcétera) y que ello suponga un mayor control y beneficio público. Otros se quejan de que la propia ley favorece que las grandes empresas ganen las licitaciones; sin hacer ellos nada como ocurre en la promoción de vivienda... Lo cierto es que, sin dinero, apenas hay margen para el trapicheo. Se acabaron las obras, está todo hecho; ahora toca mantener y potenciar unos servicios de calidad y gestionar con transparencia.