Casi cinco años después de la sorprendente declaración autoinculpatoria ante dos altos dirigentes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de quien fuera gerente de Osasuna, Ángel Vizcay, ayer comenzó en Pamplona el juicio contra seis exdirectivos del club, tres exfutbolistas del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos. El denominado caso Osasuna cayó como una bomba en un momento en el que los cimientos de la entidad se tambaleaban por el peso de una deuda galopante y la caída del equipo a Segunda División. La junta entonces presidida por Luis Sabalza, con poco más de un mes al frente del club, actuó con celeridad, denunció las salidas injustificadas de dinero y se persona en la causa como acusación particular. No es pues, pese a la denominación popularmente extendida, un juicio contra Osasuna sino contra personas que presuntamente pudieran haber cometido un delito al amparo de una entidad deportiva y utilizando el marco del fútbol para sus propósitos. Esto es lo que se tratará de esclarecer en las sesiones que hasta el próximo 28 de febrero se desarrollarán en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, por donde desfilarán para dar su testimonio 120 testigos y peritos. El primero en declarar hoy será precisamente Ángel Vizcay, la persona que desencadenó las denuncias, investigaciones y detenciones posteriores. Pasado el tiempo, sigue sin respuesta la pregunta que todo el mundo, y en particular los socios y seguidores de Osasuna, se hacen: por qué lo hizo, qué le impulsó a dar esa versión y en qué circunstancias lo hizo. En este contexto, y en las cuestiones previas planteadas ayer, la sala acordó no admitir como pruebas -consideró el tema "absolutamente cerrado"- los supuestos correos electrónicos recibidos por Vizcay, que se argumentó podrían haber servido para coaccionarle en este proceso. Al osasunismo, y a cualquier observador imparcial, le causa cuando menos estupor que un empleado que durante años ha servido (en el sentido literal de la palabra) a un club le meta en un lío de incalculadas consecuencias incluso para su pervivencia y no digamos ya para su imagen. Por todo ello se espera con expectación sus declaraciones, aunque quienes siguen el caso de cerca no auguran muchas sorpresas. El daño, de todas formas, ya está hecho. Y esto es solo el principio, porque para abril está señalado el juicio por delito fiscal por impagos de IVA e IRPF entre 2010 y 2013.