a Audiencia Nacional se pronunciará en breve -incluso podría ser que hoy mismo- sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de Ayuso contra la orden que limita la movilidad de acuerdo a los indicadores aprobados por mayoría en el Consejo Interterritorial conformado por el ministro y los consejeros de la rama sanitaria, la enésima judicialización por el PP de un conflicto de naturaleza política, ahora a costa de la salud pública. Este último episodio de la trifulca entre las administraciones capitalina y central, que ha derivado en un caos colosal en perjuicio de la ciudadanía madrileña, acontece después de que Ayuso hubiera querido instrumentalizar al resto de las Comunidades imponiendo sus criterios al conjunto para así ocultar su negligencia personal y su desgobierno sanitario tras la depauperación de la red pública, el escaso número de pruebas PCR realizadas -resueltas además con retraso- y la escasez de rastreadores. Y acontece también en el contexto de un distanciamiento creciente entre los socios del Ejecutivo madrileño, con la dimisión del consejero de Políticas Sociales por Ciudadanos como expresión de la fractura ante la decidida apuesta del PP por utilizar la presidencia de Ayuso como ariete contra Sánchez. En esa senda delirante, la derecha ha situado a Navarra como objetivo para diluir la pésima gestión de la pandemia a cargo de Madrid, hasta el punto de manipular las cifras de casos por cada 100.000 habitantes, de tasa de positividad sobre PCR efectuadas y de porcentaje de ocupación de las camas UCI, un parámetro este último donde cualquier comparación resulta no solo falaz sino insultante. Como constituye una aberración que se homologue la actitud de ambos gobiernos, pues al de Navarra se le podrá reprochar la falta de un diagnóstico claro sobre la precedencia de las causas para explicar esta elevada incidencia de la covid -como por cierto le sucede a la Organización Mundial de la Salud en el caso español-, pero nunca acusarle de falta de transparencia ni mucho menos de inacción, como lo demuestra la prórroga de las medidas que restringen reuniones, horarios y aforos, así como el cierre perimetral de Peralta, Falces, Funes y San Adrián. En el lodazal de Madrid se ha pretendido enfangar a Navarra y UPN debería resistir la tentación de adentrarse en esos barros si, como proclama, antepone el interés de la ciudadanía a la que propiamente representa a las cuitas partidistas alentadas por el PP, su socio.