Editorial

Mejor el consenso que la imposición

06.06.2021 | 00:36

Es esencial mantener pautas lo más comunes posibles respetando a cada autonomía su gestión de la pandemia, lo que no encaja con la resolución publicada ayer en el BOE, aunque matice algunas de las obligaciones

El abordaje de la pandemia a estas alturas exige unas pautas lo más comunes y acordadas posibles, pero al mismo tiempo es clave respetar que cada autonomía es quien mejor conoce su situación epidemiológica y sanitaria para llevar a cabo la aplicación de diferentes medidas con proporcionalidad y adecuación al territorio, dos cuestiones que debieran ser compatibles. Y todo ello con un equilibrio complejo entre los razonamientos técnicos y sanitarios y los políticos. Porque la cogobernanza exige una amplia capacidad de acuerdo y tener en cuenta la realidad plural y competencial del panorama estatal. Y además exige una coherencia en la trayectoria temporal. Por ello parece evidente que la gestión que el Ministerio de Sanidad en particular y del Gobierno central en general tanto de un foro como el consejo Interterritorial y como de todo el soporte normativo genera más que dudas en cuanto a su aplicación práctica y está sembrado de incoherencias que tampoco se han resuelto tras la publicación ayer en el BOE con importantes matices en lo que a las medidas en hostelería se refiere. Concretamente en este punto establece que las restricciones "pueden adaptarse y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio, según la evolución de la situación epidemiológica", lo que deja una vía muy abierta a la interpretación. Está claro que ha habido un antes y un después del 9 de mayo. Dar un paso atrás en relación con el Estado de Alarma y dejar a las autonomías a los pies de los caballos de los tribunales para gestionar la pandemia fue una opción política enfocada para tratar de evitar desgaste en el Congreso y factura electoral a la vista del efecto Ayuso, pero lo que no tiene sentido es reaparecer un mes después echando mano de una Declaración de Acciones Coordinadas de carácter de obligado cumplimiento vía BOE tras una votación mayoritaria sí, pero con significativos rechazos por varias autonomías. Lo lógico hubiera sido seguir desde el primer momento con las directrices del documento de acciones de respuesta coordinadas, al que alude el BOE, en el que hay un mayor consenso y sobre todo que tiene un carácter de recomendación susceptible de adaptaciones autonómicas para que sean estas las que sigan gestionando, con sus hojas de ruta, esta nueva fase en la que lo obligatorio debería estar basado en el consenso, no en la imposición, y en la que Navarra tiene que mantener una postura propia y defender sus competencias.

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