Editorial

Valores compartidos

25.06.2021 | 00:31
Viktor Orban, primer ministro de Hungría.

El más reciente pulso entre el cada vez más autoritario gobierno de Orban en Hungría y la Unión Europea sitúa el foco sobre la protección de valores de libertad, democracia y respeto irrenunciables

LA más reciente polémica llegada desde Hungría en materia de legislación y libertades no es sino el enésimo ejemplo de una determinada deriva ideológica que afecta ya a principios de convivencia irrenunciables en el proyecto de Unión Europea. La norma auspiciada por el gobierno de Viktor Orban puede estar disfrazada de derecho de elección en la educación o de protección de los menores pero su sentido práctico, las consecuencias de su aplicación, son restricciones a la libertad de expresión, a la libre difusión de información y al reconocimiento no solo de los derechos, sino de la mera existencia de personas LGTBI. La nueva ley, que ha provocado una reacción severa en el seno de la Unión Europea, empieza por vincular a estos colectivos con la pederastia, en una coincidencia argumental en el articulado de la normativa que dista de ser inocente. No es creíble el discurso populista del primer ministro húngaro porque le preceden en el tiempo otras acciones homófobas desde la aprobación de la Constitución de 2011, en la que se blinda la legitimidad exclusiva del matrimonio heterosexual, o la norma que impide el cambio legal de nombre de las personas transexuales. El propio Orban y otros miembros de su gobierno han vinculado la homosexualidad con la pederastia. La homofobia latente que rechaza visibilizar al colectivo en la educación sexual y en los medios de comunicación se suma a otras leyes restrictivas, como el control financiero de las ONGs que asisten a refugiados e inmigrantes para dificultar su actuación o las medidas que atentaron contra el Poder Judicial para asegurar el relevo de sus miembros por otros más cercanos ideológicamente a sus postulados morales ultraconservadores. No ha escapado de esa tendencia la legislación laboral, restrictiva del derecho de huelga, ni el abuso de poder mediante la ley que autoriza sine die a Orban a gobernar por decreto con la excusa de la pandemia, vaciando el Parlamento de sus competencias, militarizando el control de empresas clave, incluyendo filiales extranjeras o la gestión unilateral y sin control de los fondos europeos llegados al país. Atenta contra los principios de la Unión Europea, al Estado de Derecho democrático y las libertades individuales y colectivas y debe ser frenado porque el contagio se ha extendido a otros países del corazón de Europa.

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