Editorial

Piedras en el diálogo

30.06.2021 | 00:49
Piedras en el diálogo

La irrupción del Tribunal de Cuentas al reclamar cantidades millonarias a los líderes del 'procès' por presunto desvío de fondos entorpece la negociación iniciada ayer entre Sánchez y Aragonès

LOS indultos a los líderes independentistas y la apertura del diálogo entre los Gobiernos español y catalán escenificada ayer con el encuentro en la Moncloa entre el presidente Pedro Sánchez y el president Pere Aragonès no cierran ni las heridas abiertas durante los años del procès ni las consecuencias que se derivan de la nefasta estrategia de represión y judialización de la política emprendida por el Estado. La necesaria reconducción del conflicto en Catalunya precisa de una labor de zurcido de los variados flecos que aún quedan pendientes y que objetivamente dificultan la normalización de las relaciones, el mismo diálogo y, con él, la búsqueda de soluciones. Uno de estas "piedras", como las definió el ministro Ábalos, derivadas de la amplia operación de castigo que llevó a cabo el Estado bajo el impulso del Gobierno de Mariano Rajoy, es el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas sobre el presunto desvío de fondos públicos en la organización del referéndum del 1-O, en cuya liquidación provisional reclama casi cinco millones y medio de euros a 42 cargos y líderes del procès. Las responsabilidades individuales que fija este órgano fiscalizador –mayoritariamente controlado por el sector conservador– son millonarias y van desde los 1,9 millones de euros para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a los 2,1 millones para Raül Romeva o los 2,8 para Artur Mas. Cantidades desorbitadas y cuestionables. Algunas de las partidas que atribuye a desvío de fondos son viajes al extranjero del entonces president y sus consellers, encuentros y jornadas, actividades de promoción del proceso sobranista, actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas, debates europeos, visitas internacionales a líderes de opinición o a periodistas, etc. Considerar que estos gastos son fraudulentos es, cuando menos, aventurado salvo que exista un impulso político y un prejuicio ideológico. Estas actividades son propias de un Gobierno o institución con competencias en estas materias, como lo era y lo es la Generalitat. La gran duda ahora es qué decisión adoptará la Abogacía del Estado en este procedimiento, una prueba de fuego para el gabinete de Pedro Sánchez, a quien le estalló casualmente la publicación del acta de liquidación del Tribunal de Cuentas el mismo día que concretaba con Aragonès la agenda y calendario de la mesa de negociación. Mucho más deberá ofrecer el Gobierno en su apuesta por la "conciliación".

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