a Cumbre semestral del Consejo de la Unión Europea, culminada ayer, deja una sensación que empieza a ser demasiado habitual en estas reuniones de máximos mandatarios. Sería injusto resumir la última cumbre europea a la que asiste Angela Merkel como un mero encuentro burocrático de escasa iniciativa. No ha sido así y los temas planteados han enfocado hojas de ruta para gestionarlos en el futuro. Pero igualmente es justo admitir que el necesario impulso que los retos más recientes, junto a otros más constantes, demandan no ha sido especialmente fuerte. No lo ha sido el asunto del Estado de Derecho y la estabilidad jurídica en el seno de la Unión, en manos de un diálogo político posterior con Polonia tras el choque sobre jurisprudencias con su Tribunal Constitucional y el cuestionamiento de la independencia del mismo. Los líderes europeos han evitado una sensación de brecha pero no han conseguido sanar la herida. Otro tanto se puede decir de la política exterior o la estrategia sobre inmigración, que más allá de la convergencia de análisis anunciada por el presidente del Consejo, Charles Michel, sigue sin una formulación firme y clara. Una de las preocupaciones fundamentales con las que se llegaba a esta reunión, la crisis energética constatable en las tarifas, sí parece haberse encauzado hacia una hoja de ruta más nítida, aunque su aplicación no vaya a producir efectos inmediatos y augure un invierno complicado. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, explicó el consenso en una serie de actuaciones que responden a las necesidades detectadas. Confirmó que se actuará sobre el mercado del gas mediante la creación de una reserva estratégica europea y la contratación conjunta, además de la diversificación de proveedores. Además, se revisará el sistema de derechos de emisión y se volverán a contrastar los análisis encomendados antes de fin de año. Desde una perspectiva navarra el gobierno central tiene deberes pendientes en el ámbito de la automoción y el coche eléctrico en Wolkswagen, el convenio económico, la financiación pendiente de infraestructuras y la adecuada transición territorial de las energías renovables.