Dos mensajes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han venido a recordar la necesidad de completar la reforma del sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad. El primero de los mensajes, el más mediático, afirma que no es preciso elevar a los 70 años la edad de jubilación. El segundo asegura que el aumento por encima de 25 años de la referencia de cotizaciones para el cálculo de la pensión no será muy superior, confirmando indirectamente su ampliación. La prórroga de la vida laboral hasta los 70 años, cuando hasta 2027 no se alcanzará la aplicación de los 67 previstos, es mera especulación. Las condiciones para dificultar la jubilación anticipada –no menos de 38 años y medio cotizados y no antes de los 65 de edad– desincentiva abandonar la actividad por la merma en la cuantía de la pensión. En este marco, la aplicación del sistema de ahorro privado controlado y avalado –alejado de la vieja fórmula de los fondos de pensiones que han derivado en un inmenso fracaso–, puede ser una herramienta que permita compensar esa reducción e inducirá a incorporar la medida en el marco de las relaciones laborales, lo que facilitaría un acceso más temprano a la jubilación liberando a la vez al sistema público de parte del coste de la pensión. No obstante, la garantía de un sistema público de pensiones universal y equitativo sigue siendo imprescindible. Para ello es preciso encarar el propio equilibrio del sistema. Resolver la ecuación del destope de las bases de cotización junto a los agentes sociales y políticos, que liberaría recursos milmillonarios para las arcas de la Seguridad Social pero que también abre la puerta a destopar igualmente, como demanda la CEOE, la pensión máxima. En cuanto a la segunda afirmación de Escrivá, también está por resolver si la revisión al alza del cómputo de 25 años de cotización –lejos de los 35 que se barajaron pero quizá cerca de los 30– de referencia para calcular la pensión, contempla la posibilidad de descartar los períodos de parón en las cotizaciones –por causa de desempleo– o la selección de los años de mayor cotización en toda la vida laboral. Las incógnitas son muchas y las respuestas, por el momento, coyunturales. El incremento del 0,6% de cotizaciones aplicado hasta 2032 podría haber llegado para quedarse más tiempo pero, por sí solo, no resuelve el problema.