Tras el acuerdo en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha permitido desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) los análisis se dirigen a incidir en que la configuración del Alto Tribunal se decanta hacia la mayoría de perfil progresista y que será esa sensibilidad la que marque el criterio en las decisiones legislativas recurridas ante él. Las reformas penales –sedición y malversación – las de normas relativas a derechos sociales –aborto y transexualidad– y el propio cambio en el modelo de elección de los miembros del CGPJ, congelado por la mayoría conservadora saliente, serán sometidas a escrutinio por la estrategia de la derecha de obstruir en el ámbito judicial las decisiones de las mayorías legislativas de las que no dispone. Es preciso desactivar la estigmatización añadida de la magistratura. La ideologización explícita de sus miembros más destacados no ayuda en esa dirección pero habrá que comenzar asentando el principio de que el modelo de representación que determina la configuración de las instituciones no es necesariamente peor que generar una estructura de elección endogámica. La separación de poderes bien puede reforzarse mediante la interacción legitimada en última instancia por la orientación que la sensibilidad social transmite a las estructuras de la democracia mediante su voto. Sería, en consecuencia, más importante el compromiso político de respetar el principio que residencia en el sufragio la orientación de las políticas acordes a la sensibilidad de las mayorías y en el conocimiento jurídico la garantía de equilibrio sobre los derechos de las minorías. El camino va a ser tanto más largo cuanto más profunda es la herida causada en el Poder Judicial por su politización. Un fenómeno en el que son corresponsables los propios juristas que se han prestado a una actividad corporativa de naturaleza ideológica, actuando en bloques tan definidos como previsibles en sus interpretaciones. En cualquier caso, el punto de partida debe ser reconocer que la renovación de las instituciones, también las judiciales, es una garantía para la democracia; que, tras el TC, la anomalía de un CGPJ que ha caducado su mandato legitimador hace cuatro años debe terminar y dejar de convertir la institución en rehén de intereses particulares y, en consecuencia, ilegítimos.