El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró el pasado lunes que presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, aunque, como ya ocurrió el pasado año, a priori resulta complicado que obtengan la luz verde del Congreso de los Diputados. El Ejecutivo trabaja con las cuentas de 2023, que se han prorrogado dos veces, y, de hecho, en lo que va de legislatura el líder socialista no ha sacado adelante en ninguna ocasión el proyecto que guía la acción de un gobierno. El propio Aitor Esteban, presidente de EBB del PNV, uno de los principales apoyos de Sánchez, confesó anteayer que ve “casi imposible” que se aprueben los Presupuestos ya que algunos de los partidos del denominado “bloque de la investidura” ya han adelantado que no le darán un cheque en blanco. Podemos y Junts son las formaciones que se han mostrado más beligerantes con el Ejecutivo de Sánchez, que tendrá que tirar una vez más de ese espíritu de supervivencia del que suele hacer gala para obtener una mayoría de votos que, hoy por hoy, no se vislumbra.
A nadie se le escapa, además, que un nuevo rechazo de los presupuestos será aprovechado por el PP y Vox para acelerar aún más la campaña de acoso y derribo a un Gobierno que tiene abiertos varios frentes judiciales. Sánchez ya ha adelantado que si los presupuestos no logran el respaldo suficiente seguirá con las cuentas prorrogadas y no convocará elecciones, pero un nuevo revés será más munición para los partidos de la oposición, decididos a acabar con el sanchismo. El PP es el principal interesado en que la legislatura se acabe cuanto antes, motivo por el cual su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció el lunes una propuesta que pasa por forzar por ley a que se disuelvan las Cortes si un Gobierno suma dos prórrogas presupuestarias consecutivas. La viabilidad de la medida que planean los populares, que solo afectaría a los presupuestos del Estado y no a los de las comunidades autonómicas y los ayuntamientos, ha sido cuestionada por expertos en la Constitución española, que creen que obligaría a reformar la sacrosanta Carta Magna. Lo cierto es que los presupuestos es una de las primeras tareas que debe afrontar Sánchez en el recién iniciado curso político y tendrá que echar mano de grandes dosis de negociación para lograr el apoyo de todos los partidos que hace dos años le respaldaron en la investidura.
