El ataque de Estados Unidos contra Venezuela, confirmado por el presidente Donald Trump como una operación “a gran escala” y presentada como un “éxito”, marca un punto de inflexión no solo para el país sudamericano, sino también para el orden internacional. Trump ha venido justificando la intervención acusando a Maduro de narcotráfico y de vínculos con el denominado Cartel de los Soles, una organización criminal de contornos imprecisos.
Hasta el momento, sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones, lo que debilita el argumento moral y jurídico de una acción militar que, en la práctica, supone una violación de la soberanía de un Estado miembro de Naciones Unidas. La intervención en Venezuela es la sexta acción militar directa de Washington en América Latina en los últimos 75 años y la primera en lo que va de siglo. Además, coincide con la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que para la región recupera el espíritu de la Doctrina Monroe, es decir, la concepción de América Latina como área sometida a tutela. El momento elegido no parece casual. Mientras la atención internacional se centraba en Irán (aliado de Caracas y también en el punto de mira de Trump), Estados Unidos ejecutó una operación que confirma su apuesta por el unilateralismo.
Este ataque expresa con claridad el modelo de orden mundial de Trump, basado en decisiones unilaterales, donde la comunidad internacional y la ONU quedan relegadas a un papel reactivo e irrelevante. En ese contexto surgen preguntas inevitables. ¿Supone el descabezamiento de la cúpula el fin del régimen bolivariano? ¿Cómo reaccionarán las estructuras de poder que permanecen en el país? ¿Se replegarán en un autoritarismo aún más férreo o abrirán, bajo presión, una vía hacia una transición democrática que evite más represión? Y, sobre todo, ¿esta intervención acerca realmente la democracia a Venezuela? Para la Unión Europea, el dilema es particularmente incómodo. Posicionarse ante una operación liderada por un dirigente que ha mostrado abiertamente su empeño en debilitar y fragmentar el proyecto europeo, apoyando a fuerzas ultras, plantea una contradicción de fondo. Además, es un precedente peligroso porque legitima un uso de la fuerza que actores con ambiciones imperiales, como Xi Jinping o Putin, no dudarán en invocar cuando convenga a sus intereses.