Seguimos a vueltas con el cadáver del genocida. Parece increíble a estas alturas del siglo XXI, pero el Gobierno de Sánchez tiene muy difícil, si no imposible ya, exhumar los restos de Franco su mausoleo en el Valle de Los Caídos antes de la convocatoria electoral del 28-A. Ahora es un juez el que utiliza una burda excusa -la retirada de la losa de granito de 2.000 kilos es un peligro para los operarios encargados-, para suspender cautelarmente la licencia de desentierro. Es mentira, por supuesto. Una burda maniobra judicial más para entorpecer y obstruir la exhumación de Franco. Europa asiste atónita a este penoso espectáculo de agentes políticos, mediáticos y judiciales rindiendo pleitesía a un dictador responsable del asesinato de miles de persona. El juez, un tal José Yusti Bastarreche, no ha tenido reparo alguno en hacer públicas sus posiciones políticas antes, y estas muestran una evidente sintonía con el franquismo. Es, de hecho, hijo de un militar de alto rango de la Marina durante la dictadura. Ha arremetido con dureza contra la Ley de Memoria Histórica, llama a Franco aún jefe del Estado y defiende que el escudo de la bandera española debe ser el viejo aguilucho franquista. Todo en orden. No es más que una pieza más de ese cada mayor entramado empeñado en blanquear los crímenes de aquel régimen negro, fanfarrón, meapilas y casposo y de impulsar un revisionismo que manipula verdad histórica y el alcance objetivo de los hechos ocurridos aquellos 40 años para enaltecer a los criminales del franquismo. Son los barros heredados de aquella transición que vendieron como modélica, pero que -el paso del tiempo lo ha demostrado- arrastró consigo la responsabilidad de asumir con normalidad las estructuras de poder franquistas. Y eso lastra aún hoy, casi 45 años después, la consolidación real de una democracia avanzada en el conjunto del Estado español. Basta seguir los discursos políticos y el panorama mediático, financiero y judicial de hoy.
