o hay empleos institucionales más expuestos que los de ministro de Interior y consejero autonómico del mismo ramo con Policía propia. Antes que nada porque en su caso se conjuga el impacto político y mediático de las actuaciones policiales con la lejanía de esos cargos respecto del lugar de los hechos para adoptar decisiones críticas con información directa. Y también porque se trata de cabezas de turco perfectas para que los gobiernos los utilicen como cortafuegos cuando pintan bastos en la siempre sensible materia de la seguridad pública. Se comprende por tanto la trascendencia de que se escoja con precisión quirúrgica a los mandos policiales para que respondan lealmente a la responsabilidad que les delega la superioridad jerárquica aunque haya una dependencia funcional de los jueces de instrucción. Y desde la premisa en la elección de la capacidad acreditada, no tanto por una afinidad ideológica concebida como simpatía por una sigla concreta, sino más bien por una cuestión de talante. Es decir, por cómo se entiende el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza legítima y por dónde se sitúa el límite de lo que se considera riesgo real para personas y bienes que marca la decisión de intervenir. Si esa confianza se quiebra, al mando policial se le destituye. Puro espíritu de supervivencia.
